Corrupción

  • Mayo de unidad contra la corrupción y la explotación

    Por Luis Villanueva Carbajal

    Secretario general adjunto de la FTCCP

    Mientras el equipo peruano de fiscales del caso Lava Jato recibe felicitaciones de todo el mundo por ser un ejemplo anticorrupción, en el Perú (vergüenza ajena), el presidente Martín Vizcarra condena la normalización de la prisión preventiva cuando esta es aplicada a su exjefe Pedro Pablo Kuczynski.

    Sectores del Legislativo, principalmente del Apra y Fuerza Popular, además del Ejecutivo, incluyendo al presidente, andan unidos en esta cruzada contra el encomiable trabajo del equipo comandado por el fiscal Rafael Vela.

    Todo ello es producto del miedo, pues lo que ha habido en el Perú hasta hace poco es una normalización de la corrupción y una ceguera judicial bien aceitada

    Ante ello, el Perú debe estar unido contra la corrupción de empresarios y funcionarios, la que promueve el robo de dinero de los peruanos e impide una mejor redistribución de la riqueza.

    Lo que debería exigir el presidente Vizcarra y el pueblo peruano es que los que se enriquecieron a costa de los millones de trabajadores y pensionistas, que actualmente se encuentran en la miseria, reciban sentencias ejemplificadoras, para que no quede impune el daño que le han hecho al Perú.

    Sin embargo, hay otra alianza que preocupa, la escrita en la Política de Competitividad y Productividad, que fue impulsada por el gobierno, pero ideada por la empresa privada sin participación de los trabajadores. Esa política representa la profundización del modelo neoliberal y la implantación de la esclavitud del siglo XXI. Y también debe ser combatida.

    Esa “simpatía” que algunos servidores del Estado tienen con la empresa privada ha llegado a anteponer también los intereses monetarios de la minería ante la vida y salud de los comuneros de Las Bambas, donde la policía ya tiene varios muertos desde el inicio del conflicto. La protesta no es un delito, sino un derecho humano.

    Por ello, este primero de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP) saldrá a las calles en todo el país en respaldo a la lucha anticorrupción emprendida por la Fiscalía de la Nación, en rechazo a la explotación empresarial y contra la criminalización de la protesta.

  • No a las invasiones, construyamos formalidad

    Las instituciones que suscribimos este pronunciamiento, representantes de los sectores laborales, profesionales y empresariales de la actividad constructora en el país, nos dirigimos al señor presidente de la República, al Congreso Nacional y a la ciudadanía en general para expresar nuestra oposición a la ley recientemente aprobada que dispone la ampliación de los plazos para la titulación de terrenos ocupados por posesiones informales. Esta ley es la más reciente expresión de una política de regularización de invasiones de tierras que el Estado peruano ha llevado adelante desde hace seis décadas y que ha fracasado como generadora de bienestar en la población más pobre del país.
    Asimismo, dicha política de regularización tiene graves consecuencias económicas, sociales, ambientales e institucionales en nuestras ciudades, pues impiden la provisión oportuna y económica de servicios básicos; dificultan la conexión vial y la articulación de la ciudad; producen escasez de espacios públicos y áreas verdes; propician la segregación espacial; incrementan la contaminación ambiental y constituyen el caldo de cultivo para la violencia y la inseguridad ciudadana.
    Además, la prevalencia de estas actividades en nuestro país pone en grave peligro la institucionalidad democrática e incentiva la corrupción. Quienes lucran con la informalidad son mafias delincuenciales que han adquirido un poder significativo, infiltrando sobre todo a las entidades públicas encargadas de combatirlas, pero también han adquirido presencia política sobre todo en los gobiernos locales y regionales y se aprovechan de personas necesitadas de vivienda.
    Como consecuencia de esta política, más del 93% de la expansión producida en nuestras 43 principales ciudades en los últimos veinte años, corresponde al tráfico de tierras o a lotizaciones informales. Este modelo perverso que afecta en mayor medida a los más pobres, debe terminar. Más que combatir la informalidad urbana, es indispensable generar incentivos para construir formalidad.
    Para ello es indispensable poner en marcha una estrategia de desarrollo urbano sostenible que reconozca la diversidad de problemas y oportunidades que plantean nuestras ciudades e incluya tanto la densificación urbana en sus zonas consolidadas como el mejoramiento de barrios marginales y, allí donde sea razonable y necesaria para reducir el tráfico de tierras, la generación de suelo formal en áreas de expansión urbana, asegurándose que en todos estos ámbitos exista una oferta sostenible de vivienda social. Ello exige cuando menos:
    a) Promover la planificación urbano-territorial, el sistema de catastros y la provisión de suelo formal, tanto público como privado, para la producción de vivienda social y equipamientos urbanos.
    b) Articular las inversiones en infraestructuras y servicios públicos con los objetivos de desarrollo urbano formal y de generación de oferta de vivienda, especialmente de aquella dirigida a la población de menores ingresos.
    c) Impulsar el perfeccionamiento de los procedimientos administrativos de urbanización y edificación, así como la coordinación de competencias entre los diferentes niveles de gobierno, buscando promover la calidad y la seguridad de las construcciones.
    d) Fortalecer los programas estatales y créditos habitacionales, dotándolas de recursos suficientes para atender de manera efectiva el déficit actual y la demanda futura de vivienda social.
    e) Implementar una política de innovación e investigación en la actividad constructora, que estimule el empleo de tecnologías que permitan contar con edificaciones e infraestructuras apropiadas en términos económicos, sociales y ambientales.
    f) Incentivar la formalización laboral, el fortalecimiento de la representación sindical y la mejora continua de competencias de empresas, profesionales y trabajadores de la construcción.
    Llevar adelante una estrategia de esta magnitud y complejidad exige el consenso de actores públicos y privados, así como la asunción de compromisos de largo plazo. Pero es indispensable que estos esfuerzos se inicien lo más pronto posible. Por eso solicitamos al señor presidente de la República que observe esta Ley y al Poder Legislativo que, en lugar de aprobarla por insistencia, promueva un diálogo abierto que permita perfeccionarla y orientarla hacia los objetivos de transformar nuestras ciudades en competitivas e inclusivas y de impulsar la construcción sostenible.
    Nos comprometemos a participar en este diálogo y a efectuar todos los esfuerzos necesarios para alcanzar el consenso que haga viable estas iniciativas.
    Lima, 12 de octubre del 2020
    Colegio de Arquitectos del Perú – CAP
    Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú – FTCCP
    Cámara Peruana de la Construcción - CAPECO