Más de cien mil peruanos han fallecido por covid-19, de acuerdo al SINADEF, mientras los corruptos del Gobierno formal y el poder fáctico se aseguraron la repartija de las vacunas, dejándonos a los sobrevivientes a merced de un sistema de salud colapsado y de los comerciantes de la muerte, que pueden cobran 100,000 soles por acceso a una cama UCI sin que esto amerite una acción penal.

Después del escándalo Lava Jato, que sacudió el gobierno de PPK, ahora surge el denominado VacunaGate, para demostrarnos que la democracia de Vizcarra y Sagasti, con funcionarios de alto nivel implicados, es tan endeble a la corrupción como cualquier otro.

Es de necesidad pública saber los nombres de todos los “beneficiados”; y una sanción civil y penal a los mercaderes que han negociado con nuestras vidas, y que con el estado de emergencia sanitaria ampliado hasta setiembre deben estar visualizando nuevas prebendas.

Así, la rifa en forma de bono de 600 soles para algunas familias no significan nada. El bono debe ser individual y de 1000 soles para todo peruano mayor de 18 años, para solventar las necesidades básicas en esta dura crisis.

El presidente no debe excusarse en que su gobierno es “de transición” y no puede hacer mucho por eso. Debe reforzar la atención primaria en salud, implementar plantas de oxígeno en todo el país para evitar el monopolio, comprar más camas UCI, y resolver otros males sociales como la explotación laboral, que en pandemia es mortal, y la inseguridad ciudadana, que viene enlutando a las familias peruanas.

El Gobierno ha anunciado su rechazo a la propuesta de reforma pensionaria del Congreso y ha propuesto pensiones escalonadas para quienes tengan menos de 20 años de aportes en la ONP. Su propuesta no recoge la “pensión digna” para todo peruano sin excepción, como lo propuso la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP) a diversas instancias del Gobierno.

En nuestra propuesta remarcamos la importancia de la restitución del derecho a la jubilación con 15 años de aporte y 55 de edad en el sector construcción, debido principalmente al desgaste físico extremo que sufren los trabajadores en obras.

Finalmente, esta coyuntura será analizada por dirigentes de más de 190 sindicatos afiliados a la FTCCP en todo el Perú en su IV Asamblea Nacional de Delegados, este 6 de marzo, donde aprobarán el Pliego Nacional de Reclamos 2021-2022 con las demandas que realizarán a este gobierno y al que se instale el 28 de julio próximo.

Más de cien mil peruanos han fallecido por covid-19, de acuerdo al SINADEF, mientras los corruptos del Gobierno formal y el poder fáctico se aseguraron la repartija de las vacunas, dejándonos a los sobrevivientes a merced de un sistema de salud colapsado y de los comerciantes de la muerte, que pueden cobran 100,000 soles por acceso a una cama UCI sin que esto amerite una acción penal.

Después del escándalo Lava Jato, que sacudió el gobierno de PPK, ahora surge el denominado VacunaGate, para demostrarnos que la democracia de Vizcarra y Sagasti, con funcionarios de alto nivel implicados, es tan endeble a la corrupción como cualquier otro.

Es de necesidad pública saber los nombres de todos los “beneficiados”; y una sanción civil y penal a los mercaderes que han negociado con nuestras vidas, y que con el estado de emergencia sanitaria ampliado hasta setiembre deben estar visualizando nuevas prebendas.

Así, la rifa en forma de bono de 600 soles para algunas familias no significan nada. El bono debe ser individual y de 1000 soles para todo peruano mayor de 18 años, para solventar las necesidades básicas en esta dura crisis.

El presidente no debe excusarse en que su gobierno es “de transición” y no puede hacer mucho por eso. Debe reforzar la atención primaria en salud, implementar plantas de oxígeno en todo el país para evitar el monopolio, comprar más camas UCI, y resolver otros males sociales como la explotación laboral, que en pandemia es mortal, y la inseguridad ciudadana, que viene enlutando a las familias peruanas.

El Gobierno ha anunciado su rechazo a la propuesta de reforma pensionaria del Congreso y ha propuesto pensiones escalonadas para quienes tengan menos de 20 años de aportes en la ONP. Su propuesta no recoge la “pensión digna” para todo peruano sin excepción, como lo propuso la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP) a diversas instancias del Gobierno.

En nuestra propuesta remarcamos la importancia de la restitución del derecho a la jubilación con 15 años de aporte y 55 de edad en el sector construcción, debido principalmente al desgaste físico extremo que sufren los trabajadores en obras.

Finalmente, esta coyuntura será analizada por dirigentes de más de 190 sindicatos afiliados a la FTCCP en todo el Perú en su IV Asamblea Nacional de Delegados, este 6 de marzo, donde aprobarán el Pliego Nacional de Reclamos 2021-2020 con las demandas que realizarán a este gobierno y al que se instale el 28 de julio próximo.

COMUNICADO

VACUNAS, BONO Y SEGURIDAD PARA LOS TRABAJADORES Y EL PUEBLO

La pandemia del covid-19 sigue develando la corrupción que hay en el Gobierno formal y el poder fáctico, quienes, a pocos meses de celebrarse el Bicentenario de nuestra República, continúan practicando la política del privilegio, mientras miles de peruanos fallecen ante un sistema de salud colapsado carente de hospitales, camas UCI, oxígeno y médicos intensivistas; y otros millones de peruanos debemos salir a trabajar con la amenaza de contagiarnos con el virus mortal.

La Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú demanda sanción civil y penal para los responsables; asimismo, la publicación de todos los nombres de los “beneficiados” con la ilegal inoculación de la vacuna. Esta es una demanda del pueblo peruano que sufre la indolencia de una clase política que solo gobierna para sus intereses.

Durante toda la pandemia, los trabajadores de la construcción demandamos un bono económico, con el fin de llevar alimento a nuestros hogares y costear la medicina de nuestros familiares infectados, pero Martín Vizcarra se negó mientras él y su entorno palaciego gozaban de todos los privilegios aristocráticos habidos y por haber.

En este contexto, los trabajadores de la construcción demandamos que se vacunen a los trabajadores que se encuentran en primera línea de combate contra el virus y a los trabajadores que salimos diariamente a buscar el sustento familiar, ante la indiferencia e ineptitud del Gobierno.

Exigimos el reforzamiento de la atención primaria en salud, la implementación de plantas de oxígeno en todo el país para evitar el monopolio, comprar más camas UCI y otorgar un bono económico de S/ 1000 soles a todos los peruanos mayores de 18 años, para solventar las necesidades básicas en esta dura crisis.

Finalmente, denunciamos que el “gobierno de transición” de Francisco Sagasti no puede ignorar la explotación laboral y la inseguridad ciudadana, que viene afectando a los trabajadores y al pueblo.

Lima, 17 de febrero de 2021

Secretariado Ejecutivo

Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú

 

 

Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP) denuncia que son 20 dirigentes de sus sindicatos afiliados asesinados por mafias desde 2011.

El secretario general de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP), Luis Villanueva, denunció que las mafias que quieren apoderarse de las obras de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Sullana (Piura) asesinaron anoche al secretario general del Sindicato Único de Trabajadores en Construcción Civil de la Provincia de Sullana, Edwin Nieves Villegas.

 

“Lo mataron en la puerta de su casa. Es el segundo dirigente que asesinan por apoderarse de la obra del PTAR. En mayo pasado asesinaron al secretario de Defensa del mismo sindicato, Jerson Henry Noé Suárez a pocos metros del local de la Primera Brigada de Caballería del Ejército del Perú”, afirmó Villanueva Carbajal.

 

El dirigente sindical señaló que Nieves fue ultimado en su vivienda, en la calle Uno del barrio Buenos Aires, en Sullana, Piura. Aseguró que la obra del PTAR va a continuar generando muertes porque existen mafias que quieren apoderarse de esa obra, entre otras obras de la reactivación económica, para extorsionar y generar ganancias a través de sus actividades delictivas.

 

“Las mafias venden puestos de trabajo a los obreros, infiltran a sus secuaces en las obras para delinquir desde adentro, conminan a las empresas a alquilar sus maquinarias o comprar insumos en sus ferreterías. Y tienen sicarios a su disposición para aniquilar a quien se oponga. No se ve el trabajo de las autoridades”, denunció.

 

Anunció que ya son 20 los dirigentes de los sindicatos afiliados a la FTCCP asesinados por estas mafias desde 2011. Por eso, afirmó, es urgente un trabajo articulado de la Policía Nacional, el Ministerio del Interior, el Ministerio Público, Gobierno Regional y municipios, quienes deben mejorar sus estrategias para evitar que más trabajadores sean víctimas de los sicarios.

 

“Cuando se trata de un empresario o político, las autoridades trabajan al instante, pero cuando se trata de un obrero de construcción, no le prestan la misma atención”, denunció.

 

 

Lima, 12 de febrero de 2021

 

 

 

 

 

 

Por: Luis Villanueva Carbajal

Empezando por las cifras de los muertos, que difiere entre la oficial del MINSA (41,753) y la del SINADEF (97,432), el presidente Francisco Sagasti no genera credibilidad.
Así, mientras Venezuela proyecta la vacunación masiva en abril y Cuba tiene su vacuna propia, en el Perú, el Partido Morado está comprando vacunas por “puchos” y nadie asegura cuándo serán administradas las primeras dosis.
Sumada China y Rusia, el bloque de los no alineados con Estados Unidos tiene mucho que enseñarles a los tecnócratas morados sobre cómo se maneja un país, y en pandemia.
Sin embargo, en esta cuarentena no hemos paralizado el país. Construcción civil, gracias a la demanda de los trabajadores, sigue operando. Desde 2020 exigimos reactivación, elaboramos con los empresarios los protocolos de bioseguridad del sector, y hemos demostrado que el índice de contagios en obras es menor que en otros rubros.
Tras la reactivación, nos hemos convertido en el actual motor de la economía peruana. Es un buen inicio, pero recordemos que, de los 450,000 obreros de la construcción, más de 300,000 siguen desempleados. Se necesita mayor inversión. Es un buen momento, porque genera trabajo directo e indirecto, dinamizando las economías locales.
Existen millones de pobres y habrá millones de nuevos desempleados, pero para ellos no hay todavía plan de salvataje; se necesita una inversión social: financiar las ollas comunes, dinamizar el sector informal (alrededor del 75%), impulsar los pequeños negocios, etc., y la gran mayoría de la población sin atención primaria en salud como mínimo. La brecha social es muy grande.
Tras la negación del TC de devolver los aportes de la ONP, el Ejecutivo ha anunciado un proyecto de pensión escalonada por años de aportes, pero no estará listo durante la pandemia. Podría comenzarse integrando a estos aportantes en el bono que prometen dar este mes.
Sagasti no puede salvarse diciendo que está de transición. De acuerdo con medios internacionales, hay más de 4000 variantes del virus en el mundo que desafiarían la efectividad de las actuales vacunas. Los cuadros de la derecha que nos gobiernan deben demostrar que no tienen el currículum de adorno y ejecutar un plan para salir de la crisis sanitaria y económica, que Vizcarra y su gabinete neoliberal gestionaron de la peor manera en el mundo y que el Partido Morado no ha sabido superar por ser el continuismo vizcarrista.

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