Por Manuel Robles Sosa
Corresponsal de Prensa Latina en Perú

 

 

Lima (Prensa Latina) El dirigente sindical peruano Luis Villanueva Carbajal plantea en entrevista con Prensa Latina, elementos marcadamente críticos sobre la precaria salida constitucional al conflicto que sacudió recientemente la vida política y social de Perú.

 

El sindicalista plantea en tal sentido sus criterios sobre un nuevo capítulo de la crisis, desatado por la vacancia (destitución) del presidente Martín Vizcarra, su reemplazo por el conservador Manuel Merino, y la pronta renuncia de este, que dio paso a Francisco Sagasti como gobernante transitorio.

El entrevistado, secretario general de la Federación de Trabajadores de Construcción Civil, plantea que al margen de sus diferencias, los citados protagonistas del reciente conflicto favorecen la continuidad del modelo económico neoliberal y la Constitución de 1993 que lo consagró.

Prensa Latina (PL): ¿Cuál es su evaluación de las protestas sociales, sobre todo de los jóvenes, que obligaron a renunciar al impopular y fugaz presidente Manuel Merino y a excluir de la salida de la crisis a la coalición de minorías y facciones que controla el parlamento?

Luis Villanueva Carbajal (LVC): Los trabajadores estamos contra la corrupción, caiga quien caiga. Y en ese sentido, la vacancia de Martín Vizcarra ha sido legal y necesaria. Sin embargo, el cambio del sillón presidencial de Vizcarra a Merino y de este a Francisco Sagasti no responde al interés del pueblo o la justicia, sino a una lucha entre defensores del continuismo neoliberal que tanto daño le ha hecho al país.

Vizcarra, investigado por corrupción, ya no servía a los intereses de los grandes empresarios. Además, se confrontó con un sector mayoritario del Congreso de la República empeñado en legislar para solucionar reclamos de los jubilados y dar medidas antimonopolio en la distribución de las medicinas y otros temas, leyes rechazadas por el Ejecutivo.

Desde el Congreso, el grupo minoritario del Partido Morado se opuso a la vacancia del presidente por incapacidad moral permanente debido a indicios claros de corrupción, no obstante que se dio dentro del orden constitucional.

Por otro lado, las protestas ocurridas a nivel nacional obedecen al hartazgo del pueblo frente a los bochornosos escándalos de corrupción e impunidad acumulados por los gobiernos y la clase política.

PL: ¿Cuál ha sido la participación de los trabajadores en esas movilizaciones?

LVC: Los trabajadores estamos en pie de lucha en todo el Perú desde abril, cuando se empezaron a realizar despidos masivos de trabajadores amparados en la farsa de la 'suspensión perfecta' (receso laboral sin pago) de personal que el Gobierno de Vizcarra concedió a las grandes empresas, además de otorgarles miles de millones de soles para que pudieran reactivar la producción, pero sin los resultados esperados.

Los sindicatos de la salud, construcción civil, las centrales sindicales como la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), desde junio realizamos jornadas nacionales en las que participan sectores del campo y organizaciones sociales de base, levantando reclamos al Gobierno Central para atender necesidades básicas, agua, alcantarillado, puentes y carreteras que unan a los centros poblados. Y es evidente la participación en las últimas movilizaciones a nivel nacional en la lucha contra la corrupción que viene ocurriendo en las compras para atender la lucha contra la pandemia.

PL: Se creía que los peruanos rehuían a las marchas y estaban desilusionados de la política, ¿cómo se explica el reciente estallido de protestas?

LVC: Los peruanos estamos permanentemente en lucha, en las zonas de la Amazonía, contra la contaminación de los ríos por los derrames de petróleo de las empresas transnacionales; los agricultores reclamando financiamiento y canales de distribución de sus productos; los trabajadores de la construcción demandamos el reinicio de las obras de infraestructura paralizadas por la pandemia; en Lima se han perdido cuatro millones de puestos de trabajo y el resto del país 3,5 millones.

O sea, existen razones para que el pueblo tome las calles y exprese su descontento. La juventud sin trabajo, los estudiantes en todo nivel que han perdido el año escolar y los universitarios sin dinero para pagar sus estudios. Solo que los medios de comunicación dan mayor realce a ciertas luchas y a otras no.

PL: Parece que hay un clima de descontento generalizado…

LVC: Hay hartazgo contra los políticos que nos gobiernan en todos los niveles del Estado, pero la prensa no da cobertura de estos problemas nacionales porque los medios de comunicación están monopolizados en un 80 por ciento y defienden los intereses de los grupos económicos, que tienen el poder real.

El estallido ocurrido tiene su base en los reclamos reales de las personas, pero no podemos dejar de señalar el factor detonante que trasciende las fronteras: que en el Perú no cunda el ejemplo del pueblo chileno, el cual ha ganado el referendo para cambiar la Constitución de Pinochet; o estando en vísperas de elecciones no sorprenda a los grupos de poder un triunfo popular.

El Congreso, presidido por Manuel Merino, promulgó leyes por insistencia y otras que el Ejecutivo calificó de inconstitucionales, y que el Partido Morado, opuesto a la vacancia constitucional de Martín Vizcarra, ha logrado parar.

PL: Las marchas evolucionaron ahora hacia una Constituyente. ¿Apunta a eso el Perú?

LVC: Las marchas expresaron una indignación razonable, por las erráticas medidas del Ejecutivo de Vizcarra para combatir la pandemia. El tema de la nueva Constitución es una demanda que viene desde atrás, impulsada por el movimiento sindical, la Asamblea Nacional de los Pueblos (bloque de organizaciones sociales) y, lógicamente, la situación reciente ayuda a colocar en una mayor dimensión la demanda de una nueva Constitución.

En febrero y en mayo ingresaron por Mesa de Partes del Congreso dos proyectos para una nueva Constitución y después de los sucesos que nos ocupan, se ha presentado una moción para que el Pleno discuta el cambio constitucional.

Para salir de la profunda crisis estructural del Perú, es perentoria una nueva Constitución Democrática y Plurinacional.

La Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú planteó públicamente que el 11 de abril se realice, en paralelo a las elecciones presidenciales, el referendo por una nueva Constitución.

Y así como nosotros, otras organizaciones políticas, sindicales y sociales están con la propuesta del referendo.

PL: Finalmente, ¿qué pueden esperar los trabajadores de la gestión de Sagasti?

LVC: Hasta la fecha lo conocemos como un opositor a las medidas impulsadas para el beneficio de la población más vulnerable, como en el caso de los bonos para los jubilados, que Sagasti, como parlamentario, calificó como medida populista.

Para él, para Vizcarra y para el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, reactivar la economía de los empresarios millonarios está bien, pero reactivar la economía de los pobres dándoles un dinero mínimo para saciar el hambre y las necesidades básicas en pandemia está mal. Es opuesto al cambio de la Constitución fujimorista.

Es un neoliberal educado, al servicio de los intereses del capitalismo mundial. Y como demócrata resultó un ambicioso de poder, como lo demostró en la elección como presidente de la Mesa Directiva del Congreso, para llegar a la Presidencia del Perú. Esperamos más de lo mismo y peor aún si lleva adelante la agenda de la Confederación de Empresarios (Confiep): tendremos más trabajo esclavo.

arb/mrs

La Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP) participará del conversatorio virtual “El diálogo social y los retos derivados del covid-19”, que se realizará el 2 y 3 de diciembre, de 7 p.m. a 9 p.m., en el que también se encontrarán presentes la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO), la Asociación para el Trabajo (APT), CGTP-ABA, Fetrimap, entre otras instituciones.

En este encuentro, trabajadores y empresarios compartirán experiencias de diálogo social bilateral en el contexto de mitigación y superación de los efectos del covid-19. Las inscripciones son libres en el enlace https://bit.ly/2JfTkys

“Necesitamos una nueva Constitución, un nuevo pacto social, pues la Constitución actual es la causa de muchos problemas”, afirmó el secretario general de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP), Luis Villanueva, durante la movilización nacional de la CGTP el 24 de noviembre.

Villanueva Carbajal señaló que el Gobierno de transición de Francisco Sagasti deberá resolver el problema económico, controlar la segunda ola de la pandemia del covid-19, asegurar la transparencia de las elecciones generales de abril, y puede sentar las bases de un nuevo pacto social con un referéndum constitucional.

“Nadie le pide a Sagasti que cambie de Constitución, sino convocar un referéndum en abril, el día de las elecciones, para que el pueblo decida si quiere una nueva Constitución Política”, afirmó Luis Villanueva, secretario general de la FTCCP.

Informó que la Jornada Nacional de Lucha del 24 de noviembre es la más reciente de una serie de protestas que se han realizado desde el inicio del estado de emergencia por la precariedad de los trabajadores durante la pandemia.

“Los trabajadores no han dejado de movilizarse, porque el expresidente Martín Vizcarra paralizó el país sin brindar apoyo efectivo a los trabajadores. Entregó dinero a las grandes empresas, pero se olvidó de los trabajadores”, argumentó.

Además, el dirigente sindical advirtió que la reactivación económica, sobre todo del sector construcción, se está dando en medio de un mercado laboral informal, por lo que se necesita mucha fiscalización para evitar la informalidad y el incumplimiento de los derechos laborales.

“Se crea empleo sin derechos, aprovechando la angustia de los trabajadores tras meses de paralización, y esto en construcción civil se realiza incluso en obras con inversión estatal, con dinero de todos los peruanos”, denunció.

Por eso, manifestó, se han reunido con funcionarios del Ministerio de Economía, OSCE, Contraloría de la Republica, Sunafil, entre otras instituciones estatales, y buscan un encuentro con la AMPE, para que haya una mejor coordinación para el cumplimiento de los derechos laborales.

Por: Luis Villanueva Carbajal

Una nueva Constitución no es prioridad para el presidente de la República, Francisco Sagasti, pero sí para quienes se mantienen en protesta exigiendo enterrar la Constitución de la dictadura fujimorista.

Sería el primer paso para solucionar la crisis estructural que padece el Perú, porque hemos rotado Gobiernos (cuatro desde 2016), pero nada ha cambiado.

Los salarios y pensiones son miserables, existen millones de desempleados, hay explotación laboral, el sistema público de salud y educación es insufrible y el privado es un asalto, los servicios básicos son lujos de ciertas clases sociales. La Generación del Bicentenario ha dejado el estudio por falta de dinero y tecnología, o malvive con trabajos esclavos. Los bonos para los aportantes de la ONP fueron negados por Sagasti, que continúa la política de PPK y Vizcarra, investigados por corrupción, al igual que Julio Guzmán (líder del oficialista Partido Morado), quien habría recibido 400,000 dólares de Odebrecht para la campaña de 2016.

Es decir, la desigualdad social y la corrupción se profundizan por la permanencia del injusto modelo económico neoliberal que se sustenta en la actual Constitución. En ese sentido, el 25 de mayo ingresó a Mesa de Partes del Congreso de la República el proyecto de Ley 5350/2020-CR para una nueva Constitución, suscrita por ocho congresistas de Acción Popular a iniciativa de Orlando Arapa Roque; y el 18 de noviembre se presentó la Moción de Orden del Día 13056 suscrita por el grupo parlamentario Descentralización Democrática (Felícita Tocto Guerrero, Betto Barrionuevo Romero, Mariano Yupanqui Miñano, Grimaldo Vásquez Tan y César Gonzales Tuanama), para que el Congreso exhorte al Ejecutivo a convocar a un referéndum el 11 de abril “para elaborar y aprobar una nueva Constitución”.

También la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú ha planteado en un comunicado que ese día, junto con las elecciones presidenciales, se realice este referéndum. Otras organizaciones políticas, sindicales, estudiantiles y sociales se están sumando a la idea.

Los trabajadores estamos en movilización constante y aún más desde abril, cuando Vizcarra inició los despidos masivos con la “suspensión perfecta de labores” y la repartija de miles de millones de soles para las grandes empresas. La lucha continúa este martes 24 de noviembre, en una movilización nacional por una nueva Constitución y derechos laborales convocada por la CGTP.

 

LOS OBREROS DE CONSTRUCCIÓN CIVIL FRENTE A LA CRISIS ESTRUCTURAL DEL PERÚ

 

¡POR UNA NUEVA CONSTITUCIÓN DEMOCRÁTICA!

QUE REPRESENTE LA VOLUNTAD DE LOS PERUANOS

 

A puertas del BICENTENARIO, los poderes del Estado, sin excepciones, están totalmente desprestigiados y repudiados por el pueblo. La oligarquía y la burguesía parasitaria y sus partidos políticos, que han gobernado el país durante décadas, también están desacreditados, no representan hoy ninguna alternativa de cambio, por el contrario, son parte de la crisis, que golpea a la inmensa mayoría de los peruanos, agobiados por la pandemia del COVID-19 y la caída de la economía que equivale a 12 años de retroceso, tan igual que Brasil.

 

El CORONAVIRUS, además de matar a más de 80 mil compatriotas e infectar a casi un millón de personas, ha puesto sobre la mesa la realidad de la pobreza y la verdadera situación ruinosa de los servicios de salud —colapsado—, el estado miserable de la infraestructura educativa, la carencia del servicio de agua potable para millones peruanos, se agrega la real dimensión moral de funcionarios del Estado que se han enriquecido con las compras de mascarillas, pruebas rápidas, la ayuda social, etc., destinadas para atender a la población vulnerable, al personal de salud, a la PNP y otros trabajadores en la primera linea de lucha contra el virus.

 

Las políticas erráticas del Gobierno de Vizcarra permitieron la especulación de las clínicas privadas, el acaparamiento de medicinas, el oxigeno y la paralización de la economía. La corrupción ha mostrado su podredumbre ante una grave situación de crisis sanitaria, económica y social, sin que a la fecha haya sanción a los corruptos de la pandemia.

 

Martín Vizcarra Cornejo, no obstante, de ser el peón de la CONFIEP, el gremio de las grandes empresas nacionales y extranjeras, que en plena pandemia del COVID-19, pone la agenda política y económica a los gobernantes de turno, a los medios de comunicación y otros poderes fácticos serviles al neoliberalismo, a la corrupción y la impunidad: FUE VACADO.

 

Existen indicios de corrupción en las que está implicado el expresidente Vizcarra, tanto como Gobernador de la Región de Moquegua en las obras del Hospital Regional y las Lomas de Ilo—, según investigaciones de la Fiscalía. Igualmente, la información de testigos lo involucran en cobros de coimas durante su paso por el Ministerio de Transporte; tráfico de influencias y obstrucción a la justicia en el caso “Richard Swing”; los recientes chats de Vizcarra provenientes de celulares del exministro José Hernández, que contiene conversaciones de varios años, que corroboran las versiones de los aspirantes a colaboradores eficaces. Hoy Vizcarra tiene que someterse a la justicia para deslindar los serios indicios de corrupción que investiga el Fiscal Germán Juárez Atoche, del Equipo Especial Lava Jato.

 

Durante la cuarentena por el COVID-19, Martín Vizcarra dio la espalda al pueblo y obligó a los trabajadores a gastar sus fondos de AFP, sus CTS y sus pocos ahorros para sobrevivir. A los trabajadores los condenó con la Suspensión Perfecta de Labores, a los Ceses Colectivos. Mientras que a los grupos de poder económico les dio 60,000 millones de soles, con la garantía del Gobierno.

 

Con la asunción a la presidencia de la República de Manuel Merino, ha estallado una confrontación entre las fuerzas políticas representadas en el Congreso, vinculados a los grandes intereses económicos que sangran al país y a los peruanos.

 

La creciente indignación que moviliza a miles de ciudadanos a nivel nacional es resultado de la profundización de la pobreza a causa del sistema económico y social capitalista neoliberal, que nos han impuesto durante hace más de tres décadas los gobiernos de Fujimori, Toledo, García, Humala, Kuczynski y Vizcarra, teniendo como base legal la Constitución fujimorista de 1993.

 

Nuestra justa protesta social debe ser conducida hacia objetivos que permitan dar solución a las demandas populares, y que no se diluya en la anarquía del grito, para favorecer a las fuerzas oscuras que manipulan la indignación de los peruanos cansados de la corrupción, del saqueo de nuestras riquezas naturales y el robo sistemático del erario nacional.

 

Para la derecha tradicional y los partidos políticos confesos del neoliberalismo la crisis del país es esencialmente política, más no económica y que se resolvería con una buena gestión, poner más orden frente a las protestas populares, rebajar los derechos laborales, dar mayores gollerías a los inversionistas, y profundizar las privatizaciones de los servicios de la educación, la salud, las cárceles, etc. y continuar entregando el patrimonio nacional al capital extranjero.

 

Los obreros de la construcción consideramos que la crisis es integral y tiene raíces estructurales y coyunturales. Su causa principal radica en la persistencia de un modelo económico excluyente que beneficia a unos cuantos y excluye a las grandes mayorías, principalmente a la juventud peruana, cuyo futuro es incierto y hoy en día sale a las calles para exigir cambios radicales y no las recetas de la CONFIEP que propugna el trabajo esclavo juvenil bajo la engañosa monserga de la productividad y competitividad.

 

Es necesario deslindar con los oportunistas como Julio Guzmán dueño del Partido Morado, ultraneoliberal, quienes con rostro maquillado pretenden engatusar a la juventud estudiosa y trabajadora para dar continuidad al sistema capitalista neoliberal, que ha llevado al país a la profunda crisis estructural y que la pandemia del COVID-19 ha hecho estallar en todos los ámbitos: político económico, sanitario, educativo, laboral, moral, etc.

 

Los trabajadores afirmamos que mientras que se mantenga el actual modelo y el empresariado neoliberal eluda su responsabilidad social, no habrá estabilidad política y la crisis continuará con cualquier gobierno del mismo signo.

 

El capitalismo neoliberal conlleva a la destrucción de las instituciones del Estado, potencia la corrupción, el individualismo y la violencia social; el narcotráfico ha penetrado a los partidos políticos, haciendo cada día más peligrosa la vida social de las nuevas y futuras generaciones.

 

El PERÚ requiere una nueva CONSTITUCIÓN DEMOCRÁTICA, que asegure la soberanía de nuestros recursos naturales, la gratuidad de la salud, educación pública y de calidad, independencia económica, soberanía defensiva, desarrollo técnico científico y derechos humanos plenos.  Que vele por el bienestar de las trabajadoras y trabajadores del campo y la ciudad, trabajadores informales de los diversos sectores, estudiantes de los institutos tecnológicos y universidades, profesionales, asalariados, miembros de las fuerzas armadas y policiales de menor rango, maltratados y olvidados.

 

Al gobierno transitorio le exigimos que asegure una mejor política contra la pandemia y la recuperación económica del país; garantizar la transparencia de las elecciones generales de 2021; la derogatoria de los Decretos de Urgencia que atentan contra los derechos laborales, que la gestión del expresidente Vizcarra aprobó; replantear el Presupuesto Nacional dando mayor énfasis al sector salud y educación golpeados por la pandemia y la inversión pública en obras de infraestructura.

 

Hacemos un llamado a los trabajadores y al pueblo peruano, a las organizaciones sociales y populares a estar vigilantes de las acciones del nuevo gobierno transitorio, exigiéndole que cumpla con las demandas económicas, sociales, y mejores resultados en la lucha contra la pandemia y contra la corrupción y la impunidad CAIGA QUIEN CAIGA, garantizando que las investigaciones de los fiscales anticorrupción no sean interrumpidas.

 

La FTCCP demanda al Gobierno Transitorio y al Congreso de la República: que en las elecciones generales del 11 de abril o en la votación de Segunda Vuelta, se incluya una cédula de Consulta Popular por: UNA NUEVA CONSTITUCIÓN DEMOCRÁTICA

 

Tenemos que cambiar el actual sistema neoliberal, establecer una Nueva CONSTITUCIÓN DEMOCRÁTICA y sobre esta base construir una nueva sociedad, una nueva República democrática y soberana. En ese camino que iniciamos invitamos a las organizaciones sociales, profesionales y ciudadanos en general,  para sumar esfuerzos para elaborar una propuesta constitucional.

 

Lima, 13 de noviembre de 2020

Secretariado Ejecutivo de la FTCCP

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