El referéndum del 9 de diciembre, impuesto por el Ejecutivo a la mayoría fujimorista-aprista del Congreso de la República, se encuentra enmarcado dentro de la urgencia de las clases dominantes y del Gobierno de salvar la “democracia burguesa” y el modelo económico neoliberal, ante el repudio de los trabajadores al sistema de corrupción público-privado, que, como respuesta, vienen incubando una conciencia antisistema, que pone en riesgo el sistema de dominación capitalista-neoliberal.

El referéndum no está dirigido a cambiar el modelo económico ni a garantizar el empleo digno. Está dirigido a salvar el sistema, renovando a sus actores políticos, arrinconando para ello a las clases políticas caducas, como las del fujimorismo, aprismo, PPK, APP, que camuflaron a la delincuencia común y empresarial en sus partidos, convirtiendo al país en su botín.

El referéndum no reemplaza la creciente vocación constituyente de los trabajadores y de la ciudadanía en general, no sustituye la urgencia de una Nueva Constitución surgida del pueblo.

Ante ello, estas son nuestras propuestas:

 

1. ¿Aprueba la reforma constitucional sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia, antes Consejo Nacional de la Magistratura?

NO. La ciudadanía deberá votar sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia, cuando desconoce el contenido y los alcances de la Autógrafa de la Ley que modificará el artículo 156 de la Constitución de 1993.

De ser aprobada la reforma de los artículos 155 y 156 de la Constitución, se establecerá una discriminación constitucional contra el resto de la ciudadanía que no sean abogados y no tengan una “reconocida trayectoria profesional y solvencia e idoneidad moral” sin establecer los criterios de esas exigencias. Así, esta “Junta Nacional de Justicia” será copada por abogados de los estudios jurídicos vinculados a los grandes negociados con el Estado.

Así mismo, deja intacta la estructura y composición del Poder Judicial y del Ministerio Público, integrada por jueces y fiscales nombrados o ratificados por los defenestrados integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura, es decir, los mecanismos de la corrupción en el Poder Judicial-Ministerio Público permanecerán intactos.

Por ello, consideramos que NO contribuirá con la lucha contra la corrupción en el Poder Judicial y el Ministerio Público, por lo que exigimos se cumpla en el contenido de los arts. 155 y 156, así como los otros contenidos en el Capítulo IX de la Constitución de 1993.

 

2. ¿Aprueba la reforma constitucional que regula el financiamiento de organizaciones políticas?  

NO. La Autógrafa de la Ley de Reforma del artículo 35 de la Constitución de 1993, deja abierta la posibilidad de que las organizaciones políticas reciban financiamiento privado, sin establecer los límites de ese financiamiento, dejando la posibilidad de un financiamiento ilegal mediante bienes no dinerarios o en especie.

Esta propuesta de reforma constitucional solo instituirá los mecanismos de financiamiento ilícito ya existentes, permitiendo el lavado de activos o blanqueo de capitales, que evadirán cualquier control o fiscalización, ya que la Comisión de Constitución  del Congreso de la República, el 27 de noviembre, aprobó el Dictamen del Proyecto de Ley que incorpora el Artículo 359-A en el Código Penal, el cual establece como límite de financiamiento privado no punible, el equivalente a 500 UIT(S/.2´075,000).

En ese orden de ideas, la ciudadanía y en especial los trabajadores NO deben respaldar esta propuesta de reforma constitucional por ser ambigua e incoherente.

El financiamiento de las organizaciones políticas y la propaganda electoral deben ser públicos para garantizar la igualdad de oportunidades de todas las organizaciones políticas, contrarrestar las alianzas de intereses políticas-empresariales, las comunidades de intereses político-delincuenciales y prevenir el lavado de activos en las organizaciones políticas.

 

3. ¿Aprueba la reforma constitucional que prohíbe la reelección inmediata de parlamentarios de la República?

. El país ha tenido que soportar a una clase política que convirtió el Congreso de la República en un botín, incorporando en sus curules tránsfugas y delincuentes procesados y sentenciados de toda laya.

El Congreso de la República, desde el destape de la compra de congresista por el fujimontesinismo hasta la compra de votos por el ppkausismo, no ha cambiado, sino que se ha profundizado en el desprestigio, peor aun cuando la mayoría parlamentaria aprofujimorista ha persistido en proteger a cuestionados funcionarios públicos por sus vínculos con la corrupción.

Por ello consideramos que la ciudadanía SÌ debe aprobar la reforma constitucional que prohíbe la reelección inmediata de parlamentarios (congresistas), aun cuando la incorporación del Artículo 90-A en el texto de la Constitución de 1993 esté relacionado con la bicameralidad.

 

4. ¿Aprueba la reforma constitucional que establece la bicameralidad en el Congreso de la República?

NO. Es innecesaria la existencia de dos cámaras legislativas, dado a que el sistema bicameral tiende a hacer improductiva la labor legislativa, peor aun cuando la Autógrafa de la Ley que prohíbe la reelección inmediata de parlamentarios aprobada por el aprofujimorismo ha establecido de manera tramposa que los parlamentarios (hoy congresistas) en ejercicio podrán ser elegidos en las elecciones generales de 2021 en un cargo distinto (en el Senado) de aprobarse esta reforma constitucional.

Por ello, la ciudadanía NO debe respaldar la reforma constitucional que establece la bicameralidad en el Congreso de la República.

La Internacional de Trabajadores de la Construcción y la Madera (ICM, BWI por sus siglas en inglés) conjuntamente con la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP) implementarán una campaña basada en movilizaciones, distribución de información a empleadores, trabajadores, autoridades gubernamentales, factores vinculados a las empresas productoras y empacadoras de cemento y derivados, la cual se denomina: “25 kilos, ¡No más!”.

La campaña busca reducir el peso de las bolsas de cemento, para la consecuente mejora en la calidad de vida de los trabajadores, focalizada en las obras de infraestructura deportiva para los Juegos Panamericanos Lima 2019. Esta campaña recibe el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo a través de la Oficina Regional para América Latina. 

La protección de la integridad física y psíquica de los trabajadores y trabajadoras, corresponde a esta “Campaña 25 kilos, ¡No Más!” que desarrolla la Internacional de Trabajadores de la Construcción y la Madera (ICM) con apoyo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de cuyo seno se desprende una legislación laboral internacional que coincide en estos aspectos con los Convenios 155, 187 y, en particular, el Convenio 127 de OIT sobre peso máximo de carga; y la Recomendación 128 del mismo año, sobre peso máximo.

Recordemos que la ausencia de una política de prevención hace que cada día mueran más de 6,300 personas en el mundo por accidentes o enfermedades relacionados con el trabajo. Al año, más de 2,3 millones. Anualmente ocurren más de 317 millones de accidentes en el trabajo en todo el mundo; muchos de los cuales inhabilitan temporal y permanentemente a los trabajadores y trabajadoras.

En la actualidad, en el Perú, el peso de las bolsas de cemento que se comercializa es de 42.5 kilogramos, lo que genera diversos problemas en la integridad del trabajador, por cuanto el exceso de carga genera lesiones progresivas y permanentes atentando contra su salud y continuidad en el trabajo.

No cabe duda que el levantamiento y manipulación de cargas mayores a los 25 kilos causa lesiones musculoesqueléticas de la espalda, cuello, hombros y codos, más otras lesiones que provocan el desgaste precoz del trabajador o trabajadora, acortando su vida productiva.

Sobre el tema, existen recomendaciones de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Si bien esta Campaña hoy está dirigida a toda la actividad de la construcción, es necesario considerar que para otras actividades también se debe generalizar el peso de carga a 25 kg, a fin de prevenir lastimosas enfermedades a los trabajadores. 

La determinación del peso de carga a 25 kg ya tiene antecedentes en otras partes del mundo. Así, en países de la Unión Europea, los fabricantes, gobiernos, empleadores y sindicatos, han convenido que cargas de más de 25 kilos representan “un riesgo no tolerable”; por lo tanto, el peso máximo de las bolsas de cemento en Europa es de 25 kilos. En Australia, de 20 kg.

En América Latina, tenemos el ejemplo de Uruguay, que en el año 2008 aprobó el Decreto 423/07 sobre Reducción de las Cargas Transportadas Manualmente que regula el peso en las bolsas de productos comerciales, incluyendo las bolsas de cemento en 25 kg, cada una. 

Compañeros: Difundamos en las diferentes obras a nivel nacional la CAMPAÑA “25 KILOS, ¡NO MÁS!” y sensibilicemos en los trabajadores, empleadores y autoridades correspondientes la necesidad de reducir el peso de las bolsas de cemento a “25 kilos, ¡NO MÁS!”, con la finalidad de salvaguardar la salud física de las y los trabajadores, a efecto de que se reconvierta el empaque a una presentación sencilla en su manipulación, el acarreo y acomodo.

¡JUNTOS LUCHEMOS Y HAGAMOS REALIDAD EN EL PERÚ LAS BOLSAS DE CEMENTO DE “25 KILOS, ¡NO MÁS!”!

Trabajadores en construcción civil afiliados en la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP) se movilizaron el pasado 20 de noviembre a la residencia del embajador de Uruguay en el Perú para rechazar el asilo al expresidente Alan García, quien tiene impedimento de salida del país para responder a la justicia peruana por tráfico de influencias, lavado de activos y colusión en el marco del caso Metro de Lima, del megacaso Lava Jato.

El contingente de trabajadores llegó a las 2.15 p.m. a la residencia del embajador para demandar que el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, NO BLINDE A ALAN GARCÍA con el otorgamiento del asilo político, lo que sería un acto de traición al pueblo peruano en su lucha contra la corrupción.

Asimismo, demandaron al presidente del Perú, Martín Vizcarra, que asegure el debido proceso para que se juzgue a García por los evidentes actos de corrupción de su segundo gobierno, y no logre evadir a la justicia como ya lo hizo en los años 90 fugando al extranjero, método recurrente en el expresidente aprista.

En los años 90, García Pérez se exilió en Colombia y Francia para evadir, hasta la prescripción, las acusaciones corroboradas por la justicia italiana por cobrar sobornos en el caso del Tren Eléctrico.

El primer gobierno de Alan García fue caracterizado por las matanzas del comando de aniquilamiento Rodrigo Franco, el asesinato de más de 240 presos en tres penales de Lima, la hiperinflación y los indicios de corrupción de millones de dólares por los casos BCCI, aviones Mirage, Tren Eléctrico, el dólar MUC, entre otros.

Durante el segundo gobierno aprista, campeó la corrupción, prueba de ello son los casos Petroaudios, Agua para Todos, Colegios Emblemáticos, Metro de Lima, Business Track, Hospitales Fantasma, Narcoindultos, Carretera Interoceánica, entre otros. Se recuerda también su responsabilidad en las muertes durante el Baguazo y su entrega a los grandes capitales de las riquezas naturales en contraposición de las poblaciones indígenas, a quienes considera como ciudadanos de segunda clase.

En construcción civil, durante el Gobierno de Alan García, se entregó registros sindicales automáticos a bandas del crimen organizado, que bajo la fachada de sindicatos extorsionan y asesinan a empresarios, dirigentes y trabajadores. La consecuencia de este atropello lo seguimos viviendo hasta ahora, con la proliferación de seudosindicatos mafiosos donde campea la delincuencia.

Asimismo, los trabajadores en construcción civil respaldan la labor que realiza el fiscal José Domingo Pérez Gómez y el juez Richard Concepción Carhuancho en el combate a la corrupción, esperando que los procesos judiciales culminen con sentencias ejemplares para los corruptos, lo que constituye un clamor de los trabajadores y el pueblo peruano en general.

 

Ministro de Trabajo, Dr. Christian Sánchez; Ministro de Vivienda, Ing. Javier Piqué; Congresista de la República, Sr. Manuel Dammert; secretario general de la CGTP, c. Gerónimo López; Representante de la FGTB, Ca. Yolanda Lamas; Presidente de CAPECO, Arq. Enrique Espinoza; Decano del CAP, Arq. Arturo Yep. 

Dirigentes de las diversas organizaciones sindicales, políticas y sociales, presentes en esta casa de los obreros del andamio.

Compañeros trabajadores y trabajadoras, de los sindicatos bases de nuestra  Federación, cuya presencia y espíritu de lucha da realce a este acto, y constituye un mensaje simbólico: que la sacrificada lucha de miles de trabajadores que contribuyeron a forjar nuestra organización sindical no fue en vano.

Reciban el saludo fraterno del c. Mario Huamán Rivera, del Secretariado Ejecutivo Nacional de la federación de Isidoro Gamarra, Pedro Huilca, Alberto Ramírez, Arsenio Jara, Gabino Arenas, Cristóbal Chihuán y de los 17 compañeros asesinados por el crimen organizado, durante la última década.

El 25 de octubre de cada año celebramos el “Día de los Trabajadores en Construcción Civil”. Es día no laborable para los trabajadores de la construcción, con goce de salario y sin que afecte el salario dominical, de acuerdo a la Ley 24324, que “reconoce el abnegado esfuerzo de los trabajadores de la construcción y su importante contribución al desarrollo nacional”. Conseguir la Ley que reconoce nuestro esfuerzo, le significó a la FTCCP 15 años de lucha y de gestiones.

Compañeros: 

Nuestra Federación está próxima a celebrar el 19 de diciembre 60 años de vida institucional, una trayectoria de lucha y persistencia para mejorar las condiciones de trabajo, nuestros salarios, la calificación de nuestra mano de obra, la calidad de vida para nuestras familias. 

En el recorrido de más de medio siglo, por nuestra firme posición ideológica de clase heredada de José Carlos Mariátegui fundador de la CGTP, hemos luchado contra las dictaduras y los gobiernos entreguistas, corruptos y explotadores; hemos luchado contra las corrientes extrañas infiltradas en el movimiento sindical, contra el sindicalismo patronal, contra el lumpen y el crimen organizado. 

De la misma manera continuamos luchando contra los gobiernos corruptos que nos han gobernado en las últimas décadas, aplicando contra nuestro pueblo, nefastos programas neoliberales impuestos bajo el amparo de la Constitución 1993, que beneficia al gran capital extranjero y a las familias más ricas y corruptas del Perú. 

La crisis estructural del Perú se profundiza y somos actuales testigos de cómo el modelo neoliberal ha estallado, con la crisis política, la corrupción e impunidad. El capitalismo neoliberal trae la desestructuración de las instituciones del Estado, potencia la corrupción, el individualismo y la violencia social; el narcotráfico ha penetrado en los partidos y movimientos políticos, haciendo cada vez más peligrosa la vida social de las futuras generaciones. 

Los hechos de corrupción del caso Lava Jato, de los jueces y fiscales de la organización criminal de “Los Cuellos Blancos del Puerto”, las coimas a cuatro expresidentes de la República, autoridades municipales y regionales encarceladas y otras pendientes de ser juzgados, ha sacudido la vergüenza y la dignidad del pueblo peruano, de los trabajadores, que se han volcado a las calles para exigir que se castiguen a los corruptos y que no haya impunidad. 

La protesta popular hizo reaccionar al Ejecutivo de tal manera que el presidente Martín Vizcarra puso en agenda un Referéndum para el 9 de diciembre, para hacer una reforma constitucional en el sistema de justicia y en el sistema político, y así dar una salida política a la crisis desencadenada por la corrupción. 

La vida del pueblo peruano es insostenible, la pobreza alcanza rangos extremos; contamos con una tasa de desnutrición infantil de más del 40%; las necesidades fundamentales del ser humano como alimentación, salud, vivienda, educación están excluidas para la mayoría del pueblo. La PEA en el Perú es de 16 millones de los cuales solo el 25% tienen acceso a un empleo, aunque no se cumplen los derechos laborales establecidos. Mientras tanto, los grandes beneficiados son los grupos de poder económico, los operadores políticos al servicio de las transnacionales y grupos vinculados al narcotráfico, protegidos por un sistema judicial putrefacto. 

Compañeros: 

A pesar de la crisis económica y política que se vive en el Perú, la FTCCP ha sabido mantener el rumbo hacia sus objetivos estratégicos que se acordaron en el 26° Congreso Nacional, afinando la táctica a través de las seis Asambleas Nacionales realizadas a la fecha. Sus banderas de lucha están plasmadas en la Agenda Laboral FTCCP-2018. 

La negociación colectiva este año, se desarrolló en condiciones en que el país atraviesa por una crisis política, económica y social, donde la corrupción llegó a niveles inimaginables, la corrupción del caso “Lava Jato”, afectó seriamente a los proyectos de infraestructura, generando una fuerte recesión del sector con más de 120 mil obreros de la construcción despedidos. 

La negociación colectiva por rama es una herramienta eficaz para encontrar soluciones a los problemas de los trabajadores, y es un mecanismo eficiente de distribución de la renta generada por la fuerza del trabajo, la cual permite recuperar la pérdida adquisitiva de los salarios de los trabajadores por el alza del costo de vida y obtener aumentos reales. 

No obstante de las cifras macroeconómicas adversas, con una inflación de 0.93%, en el periodo (01 de junio 2017 al 31 de mayo 2018), con la unidad y acciones de masas realizadas por la federación y sus sindicatos a nivel nacional se logró un importante aumento diario al jornal básico de 4.51% para el Operario, 3.27% para el Oficial y 3.44% para el Peón, logro que supera la pérdida de la capacidad adquisitiva de los salarios por el alza del costo de vida, obteniendo aumentos reales. 

La Agenda Laboral de la FTCCP-2018, que fue presentada al Ejecutivo, propone que la negociación colectiva por rama de actividad que existe en construcción civil sirva de ejemplo para impulsarla a otros sectores productivos, y no la negociación colectiva por empresa que prima en la actual Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. 

La exigencia de los trabajadores de la restitución del derecho a una jubilación con 15 años de aportes al Sistema Nacional de Pensiones, obtenida en los años 80, y derogada en los 90, sin considerar la alta eventualidad, informalidad y siniestralidad del sector, así como el aporte que realizan los obreros al sistema previsional debido a su salario que se encuentra por encima del promedio. 

Otro punto importante de la agenda laboral de construcción civil es el combate a las bandas delincuenciales, especialmente a las que utilizan como fachadas a seudosindicatos. La Federación enfrenta a la violencia criminal, que ha segado la vida de 17 dirigentes sindicales, sin que se haya encontrado a los responsables. 

Los accidentes en obras también son un problema, pues estos se incrementan por la informalidad en el sector. Los escasos recursos asignados a la SUNAFIL para la fiscalización y la falta de penalidades contra las empresas infractoras que ponen en riesgo la vida y la salud de los obreros de la construcción. 

El régimen laboral de construcción civil en las entidades públicas 

El VI Pleno Jurisdiccional Supremo Laboral y Previsional, realizado el 18 de setiembre y 2 de octubre de 2017 en la ciudad de Lima, tomaron acuerdos en materia laboral y previsional; uno de ellos corresponde a la demanda solicitada por la FTCCP, que resuelve la aplicación del régimen especial de construcción civil en las entidades públicas. Así, los Magistrados Supremos acordaron que: 

Cuando una entidad pública ejecuta obras de construcción civil bajo la modalidad de administración directa, a los trabajadores obreros contratados para realizar dicha obra de construcción se les aplicará el régimen laboral especial de construcción civil”. 

La informalidad laboral 

En la reciente XXIII Edición de EXCON, la FTCCP planteó la necesidad de reducir la informalidad laboral en el sector construcción, por lo mismo se necesita mayor fiscalización de las entidades competentes, principalmente de la SUNAFIL, para que no se vulnere los derechos de los trabajadores, como salarios, seguridad y salud en el trabajo. 

Es falso que con crecimiento económico crece la formalidad, pues lo que en verdad crece es la evasión de derechos y la informalidad, por la corrupción existente. Como ha quedado demostrado, la corrupción se lleva un porcentaje del presupuesto de la obra, y algunas empresas trasladan ese costo a los trabajadores, recortando derechos laborales. 

Las empresas subcontratadas son un problema mayor, pues desconocen los derechos laborales de los trabajadores y la cadena de responsabilidades empresariales se pierde. 

No existe excusa para el incumplimiento de los derechos laborales de los trabajadores. En las obras públicas y privadas debe respetarse los derechos establecidos para el régimen especial de construcción civil. 

En la EXCON-2018, se firmó el Convenio Marco de Cooperación Institucional para la Formalización Laboral en el Sector Construcción entre la CAPECO, FTCCP y CONAFOVICER, que tiene como fin plantear medidas conjuntas para ser tomadas en cuenta por las autoridades competentes a fin de eliminar la informalidad en el sector construcción. 

Compañeros y amigos, nuestra Federación con las banderas en alto y con la más amplia unidad, marcha rumbo a su XXVII Congreso Nacional Ordinario que se realizará en junio de 2019. 

Agradecemos vuestro apoyo solidario y su presencia en este acto político sindical, pues contribuye al proceso de unidad de los sectores sociales que compartimos ideales comunes. Hoy el Perú requiere de la reserva moral de sus hijos, para combatir y erradicar la corrupción, la impunidad y derrotar al neoliberalismo que tanto daño le ocasiona al pueblo peruano. 

 

¡Viva el Día de los Trabajadores en Construcción Civil!

¡Viva la FTCCP!

¡Viva el Perú!

 

* Discurso del secretario general adjunto de la FTCCP, Luis Villanueva Carbajal, en la ceremonia por el Día de los Trabajadores en Construcción Civil, realizado el 24 de octubre de 2018 en el auditorio de la Federación.

La lucha política de los trabajadores para derrotar la dictadura de los años 90 y la recuperación de la negociación colectiva por rama de actividad en el sector construcción civil son dos hitos en la vida sindical del secretario general de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP), Mario Huamán Rivera.

Así lo afirmó Luis Villanueva Carbajal, secretario general adjunto de la FTCCP, en el homenaje a Huamán Rivera realizado el pasado 16 de octubre por los dirigentes y trabajadores de los sindicatos del Callao, Lima y Balnearios y Los Balnearios del Sur, afiliados a la Federación.

Villanueva Carbajal señaló que en junio de 1999, cuando Mario Huamán asumió la secretaría general de la FTCCP, supo que una de las tareas a emprender era la lucha política para derrotar a la dictadura. Así, la FTCCP, con mayor combatividad, supo ganarse las calles.

“Mario Huamán diseñó una estrategia que todos los trabajadores hemos reconocido durante los años, que incluyó el plano de las masas, el de las calles, así como el plano jurídico y el plano político”, recordó el dirigente sindical.

El secretario general adjunto de la FTCCP también resaltó la fortaleza que supo impulsar al gremio Mario Huamán, la recuperación de la mística. Y recordó que, como director del Conafovicer, también dotó de locales en diversas regiones del país al servicio de los trabajadores de construcción civil.

“A Mario también le ha caracterizado su carácter. Y creo que ese carácter se evidenció cuando aparecen estas mafias delincuenciales que han sido apoyadas por el Apra para destruir el gremio. Y Mario ha salido a las calles a poner el pecho y hemos defendido a los trabajadores. Un líder a carta cabal”, finalizó.

Al acto organizado por el Sindicato de Trabajadores en Construcción Civil de Lima y Balnearios, Sindicato de Trabajadores en Construcción Civil de Los Balnearios del Sur y Sindicato de Trabajadores en Construcción Civil de la Provincia Constitucional del Callao, acudieron representantes de la CGTP y sus bases sindicales, el Partido Comunista Peruano (PCP), la Federación General del Trabajo de Bélgica (FGTB), Embajada de Bolivia, entre otros.

La ceremonia forma parte de las actividades que se realizan en el marco del Día de los Trabajadores en Construcción Civil, que se conmemora el 25 de octubre de cada año, conforme a Ley 24324.

 

 

 

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