Obreros de construcción en IV Asamblea Nacional de Delegados

Más de cien mil peruanos han fallecido por covid-19, de acuerdo al SINADEF, mientras los corruptos del Gobierno formal y el poder fáctico se aseguraron la repartija de las vacunas, dejándonos a los sobrevivientes a merced de un sistema de salud colapsado y de los comerciantes de la muerte, que pueden cobran 100,000 soles por acceso a una cama UCI sin que esto amerite una acción penal.

Después del escándalo Lava Jato, que sacudió el gobierno de PPK, ahora surge el denominado VacunaGate, para demostrarnos que la democracia de Vizcarra y Sagasti, con funcionarios de alto nivel implicados, es tan endeble a la corrupción como cualquier otro.

Es de necesidad pública saber los nombres de todos los “beneficiados”; y una sanción civil y penal a los mercaderes que han negociado con nuestras vidas, y que con el estado de emergencia sanitaria ampliado hasta setiembre deben estar visualizando nuevas prebendas.

Así, la rifa en forma de bono de 600 soles para algunas familias no significan nada. El bono debe ser individual y de 1000 soles para todo peruano mayor de 18 años, para solventar las necesidades básicas en esta dura crisis.

El presidente no debe excusarse en que su gobierno es “de transición” y no puede hacer mucho por eso. Debe reforzar la atención primaria en salud, implementar plantas de oxígeno en todo el país para evitar el monopolio, comprar más camas UCI, y resolver otros males sociales como la explotación laboral, que en pandemia es mortal, y la inseguridad ciudadana, que viene enlutando a las familias peruanas.

El Gobierno ha anunciado su rechazo a la propuesta de reforma pensionaria del Congreso y ha propuesto pensiones escalonadas para quienes tengan menos de 20 años de aportes en la ONP. Su propuesta no recoge la “pensión digna” para todo peruano sin excepción, como lo propuso la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP) a diversas instancias del Gobierno.

En nuestra propuesta remarcamos la importancia de la restitución del derecho a la jubilación con 15 años de aporte y 55 de edad en el sector construcción, debido principalmente al desgaste físico extremo que sufren los trabajadores en obras.

Finalmente, esta coyuntura será analizada por dirigentes de más de 190 sindicatos afiliados a la FTCCP en todo el Perú en su IV Asamblea Nacional de Delegados, este 6 de marzo, donde aprobarán el Pliego Nacional de Reclamos 2021-2020 con las demandas que realizarán a este gobierno y al que se instale el 28 de julio próximo.