"No al asilo de Alan García" demanda construcción civil

Trabajadores en construcción civil afiliados en la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP) se movilizaron el pasado 20 de noviembre a la residencia del embajador de Uruguay en el Perú para rechazar el asilo al expresidente Alan García, quien tiene impedimento de salida del país para responder a la justicia peruana por tráfico de influencias, lavado de activos y colusión en el marco del caso Metro de Lima, del megacaso Lava Jato.

El contingente de trabajadores llegó a las 2.15 p.m. a la residencia del embajador para demandar que el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, NO BLINDE A ALAN GARCÍA con el otorgamiento del asilo político, lo que sería un acto de traición al pueblo peruano en su lucha contra la corrupción.

Asimismo, demandaron al presidente del Perú, Martín Vizcarra, que asegure el debido proceso para que se juzgue a García por los evidentes actos de corrupción de su segundo gobierno, y no logre evadir a la justicia como ya lo hizo en los años 90 fugando al extranjero, método recurrente en el expresidente aprista.

En los años 90, García Pérez se exilió en Colombia y Francia para evadir, hasta la prescripción, las acusaciones corroboradas por la justicia italiana por cobrar sobornos en el caso del Tren Eléctrico.

El primer gobierno de Alan García fue caracterizado por las matanzas del comando de aniquilamiento Rodrigo Franco, el asesinato de más de 240 presos en tres penales de Lima, la hiperinflación y los indicios de corrupción de millones de dólares por los casos BCCI, aviones Mirage, Tren Eléctrico, el dólar MUC, entre otros.

Durante el segundo gobierno aprista, campeó la corrupción, prueba de ello son los casos Petroaudios, Agua para Todos, Colegios Emblemáticos, Metro de Lima, Business Track, Hospitales Fantasma, Narcoindultos, Carretera Interoceánica, entre otros. Se recuerda también su responsabilidad en las muertes durante el Baguazo y su entrega a los grandes capitales de las riquezas naturales en contraposición de las poblaciones indígenas, a quienes considera como ciudadanos de segunda clase.

En construcción civil, durante el Gobierno de Alan García, se entregó registros sindicales automáticos a bandas del crimen organizado, que bajo la fachada de sindicatos extorsionan y asesinan a empresarios, dirigentes y trabajadores. La consecuencia de este atropello lo seguimos viviendo hasta ahora, con la proliferación de seudosindicatos mafiosos donde campea la delincuencia.

Asimismo, los trabajadores en construcción civil respaldan la labor que realiza el fiscal José Domingo Pérez Gómez y el juez Richard Concepción Carhuancho en el combate a la corrupción, esperando que los procesos judiciales culminen con sentencias ejemplares para los corruptos, lo que constituye un clamor de los trabajadores y el pueblo peruano en general.