Secretario general de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP), Luis Villanueva Carbajal, demanda sanción para empresarios que ponen en riesgo la vida de los trabajadores.

La búsqueda del obrero José Martín Huerto Garrido, sepultado aparentemente en un derrumbe en la Av. Abancay N°. 982, es el resultado de la proliferación de la informalidad del sector construcción donde empresas o contratistas juegan con la vida de los trabajadores para ahorrarse dinero en el incumplimiento de medidas de seguridad para sus trabajadores.

Así lo afirmó el secretario general de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú, Luis Villanueva Carbajal, quien señaló que existe también una responsabilidad en las autoridades locales por no fiscalizar este tipo de obras que incumplen las medidas mínimas de seguridad.

“El hecho de que esta construcción clandestina se realice cerca al Congreso y a pocas cuadras de la Municipalidad de Lima, Ministerio Público, y la existencia de personal de la policía y serenazgo en toda la ciudad, nos revela el poco interés que las autoridades tienen por la vida de los trabajadores”, afirmó el dirigente sindical.

Villanueva Carbajal recordó que la negligencia empresarial es la principal culpable de la muerte de trabajadores y accidentes discapacitantes, por lo que demandó sanciones efectivas para los contratistas o empresarios que ponen en riesgo la vida de los trabajadores.

“Toda negligencia en obra que implica accidente o muerte no puede pasar desapercibida. Hasta el momento, no se tiene información de fallecidos en el derrumbe en la Av. Abancay, pero la familia de construcción civil ha sufrido la pérdida de muchos trabajadores en obra. Eso solo va a cambiar el día en que se sancione ejemplarmente a quienes ponen en riesgo la vida de los trabajadores”, argumentó.

Advirtió que este hecho demuestra que no se ha hecho lo suficiente para combatir la informalidad y prevenir los siniestros, por lo que hizo un llamado de atención a los municipios locales, gobiernos regionales, personal de serenazgo, personal policial, gobierno central y sus ministerios a evitar estas construcciones clandestinas que son verdaderas bombas de tiempo.

“Las empresas que exponen a los trabajadores a la muerte lo hacen para eludir la responsabilidad de montar un sistema eficiente de seguridad y salud en el trabajo cumpliendo la Ley 29783 y su reglamento, eludiendo el pago de la tabla salarial y sus beneficios para los trabajadores en construcción civil que surgen del convenio colectivo que resuelve cada año la FTCCP con Capeco. Por ahorrarse unos soles, juegan con la vida de las personas”, dijo Luis Villanueva.

Informó que son las empresas amañadas con seudosindicatos las que mayormente presentan este tipo de problemas de falta de seguridad y salud poniendo en peligro no solo la vida de los trabajadores, sino de las personas de viviendas aledañas.

“Si no hay castigo para los malos empresarios, no habrá ningún cambio. El obrero trabaja para ganarse la vida, no para perderla. Si hay muerte o lesiones por negligencia empresarial, eso se condice con la figura de homicidio culposo o lesiones graves, que en el Perú se paga con años de cárcel”, finalizó.

Lima, 8 de setiembre de 2020

 

Por: Luis Villanueva Carbajal

Ha sido una respuesta saludable de parte del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo la creación de los comités de crisis en cuatro de los sectores económicos más golpeados por la pandemia: Turismo, Manufactura, Construcción Civil y Comercio. La Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP) afina la propuesta en el ámbito de la construcción para presentarla en su momento.

El panorama actual de la construcción es deplorable. De los 450,000 obreros activos antes de la pandemia, menos de 45,000 se encuentran laborando en la actualidad, debido a la reducción del aforo en obras para mantener la distancia social, la lenta reactivación del sector, el contagio y posterior cuarentena de los obreros, entre otras razones. Ante ello, exigimos que la Sunafil verifique la implementación y efectividad de los planes de bioseguridad en obras. Para evitar el contagio, proponemos el uso de pruebas moleculares para el ingreso a obras e implementación de transporte particular para los trabajadores, a fin de evitar el riesgo de contagio en el transporte público.

Los trabajadores en construcción civil no hemos recibido subsidios para enfrentar esta pandemia, por lo que muchos han tenido que pasar a la informalidad o dedicarse a otras actividades, como la pesca, agricultura, o de ambulantes. Por ello la demanda del bono de 1000 soles sigue vigente. Esta necesidad nos ha impulsado a la realización, el 9 de setiembre, del foro virtual “La importancia del bono de 1000 soles para el rescate de la economía familiar”, con Alan Fairlie, parlamentario andino; Lenin Checco, congresista, y el sociólogo y docente Héctor Béjar, en el marco de la propuesta mundial de una renta básica para sobrevivir al Covid-19.

En medio de este panorama incierto, sin embargo, hay buenas noticias. Gracias a la negociación colectiva entre la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú, como representante de los trabajadores del sector construcción, y la Cámara Peruana de la Construcción, por parte de los empresarios, el 14 de setiembre firmaremos el convenio colectivo en construcción civil 2020-2021, acto en el que se dará a conocer los beneficios logrados, a pesar de la difícil situación del país. El sector construcción es el único que logra una negociación colectiva en plena pandemia, lo que es posible gracias a la lucha de los trabajadores del sector y la unidad de los sindicatos de la FTCCP.

(Tomado de diario UNO 7 setiembre 2020: https://diariouno.pe/columna/soluciones-para-la-crisis-en-construccion-civil/)

La III Asamblea Nacional de Delegados de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP), en modalidad virtual, se realizó con éxito y contó con la participación de sus bases sindicales a nivel nacional, las que respaldaron al Secretariado Ejecutivo Nacional, la Comisión Negociadora y aprobaron el Convenio Colectivo por Rama de Actividad para el sector de Construcción del periodo 2020-2021.

Los delegados analizaron la problemática del sector y reafirmaron su agenda de lucha: reactivación de la construcción con protocolos efectivos de bioseguridad, bono de 1000 soles, lucha contra las mafias y seudosindicatos, así como la reforma integral del sistema de pensiones.

De los 450,000 trabajadores en el sector construcción activos antes de la pandemia poco más de 28,000 se encuentran laborando, por lo que es necesario la reactivación de la construcción, pero con protocolos de bioseguridad que incluyan pruebas moleculares y transporte implementado por las empresas, para evitar el contagio de los trabajadores en el transporte público. La falta de medidas eficaces en el reinicio de las obras ha dado como resultado el contagio del 30% de los trabajadores en actividad.

Los trabajadores respaldan la demanda de la CGTP de un bono de 1000 soles para los mayores de 18 años, demanda que diversas instituciones internacionales como la ONU impulsan en el marco de la renta básica para enfrentar la pandemia, y que se viene gestionando en diversos países del orbe.

La reactivación económica ha llamado la atención también de las mafias que se confabulan con seudosindicatos para la coacción, extorsión y sicariato, por lo que es necesario impulsar el trabajo de inteligencia policial para continuar con la captura y sanción de los delincuentes.

La agenda de lucha de la FTCCP también incluye la reforma del sistema de pensiones. Los trabajadores de construcción, al ser eventuales y laborar en un mercado con 75% de informalidad, no pueden acumular los 20 años de aportes en el sistema público, por lo que no pueden acceder a jubilación. La demanda es por una reforma del sistema que logre dotar de una pensión digna a todos los peruanos sin excepción.

Por: Luis Villanueva Carbajal

Secretario general de la FTCCP

Aunque construcción civil fue considerada en la primera etapa de la reactivación económica, los anuncios de montos millonarios para las grandes obras dejaron muchas expectativas inconclusas.

El primer problema es que los anunciados millones para la ejecución de obras en diferentes programas como el plan de infraestructura para la competitividad, la reconstrucción con cambios, construcción de colegios, obras de saneamiento, hospitales y otros, deben esperar ciertos procedimientos, como la elaboración de proyectos, los estudios de factibilidad, entre otros, que necesitan su tiempo, lo que contradice la ilusoria reactivación inmediata que publicita el Gobierno.

El segundo problema es que con el reinicio de algunas construcciones los trabajadores se contagiaron en obras por el uso de pruebas rápidas, que brindan resultados poco confiables. La solución esperada por los trabajadores es el uso de pruebas moleculares.

El tercer problema es el transporte, porque en el transporte público no hay distanciamiento social, pero sí hay hacinamiento y la desinfección de las unidades móviles no se acata. Alrededor de un 30% de trabajadores se han contagiado desde el reinicio de las labores.

El Protocolo de Bioseguridad para la reapertura de las actividades señalaba como obligación para la reactivación económica que las empresas doten de transporte particular a sus trabajadores. El lobby empresarial flexibilizó este requerimiento, poniendo en riesgo la vida y salud de los trabajadores.

Adicionalmente a ello, en las pocas obras reabiertas, debido al distanciamiento social, se ha reducido el aforo laboral en un 27%.

Por ello, existen cientos de miles de obreros de la construcción sin trabajo y sin esperanza de volver a laborar pronto. Para ellos, inscritos en el Registro Nacional de Trabajadores en Construcción Civil (RETCC) que administra el Ministerio de Trabajo, demandamos un bono de 1000 soles, para paliar en algo la crisis económica y familiar de subsistencia que viven durante este tiempo de pandemia. Esta demanda tuvo buena acogida en su momento por los representantes de las carteras de Vivienda y Trabajo, pero, como siempre, el Ministerio de Economía y Finanzas se opuso.

El Gobierno ha pretendido reactivar las empresas, pero no ha dado resultado: los 6,7 millones de nuevos desempleados lo comprueban. Lo que se necesita en verdad es reactivar las economías de los trabajadores, en particular, y peruanos, en general, mediante un bono de 1000 soles, que aliviará la crisis presente y futura debido a la pandemia, que agudiza aún más las grandes desigualdades por un modelo económico que solo favorece a los oligopolios de siempre.

(Tomado del diario UNO, el 24 de agosto de 2020. https://diariouno.pe/columna/reactivacion-de-la-economia-y-bono-para-los-trabajadores/ ) 

El secretario general de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil (FTCCP), Luis Villanueva Carbajal, y el secretario de Economía, Félix Rosales, se reunieron con el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Carlos Lozada Contreras, a fin de exponer las propuestas de los trabajadores para la reactivación del sector construcción.

En la reunión se abordó la difícil situación del sector con cientos de miles de desempleados, por lo cual se propuso incentivar la reactivación a través de la construcción de viviendas sociales, impulsando los programas Techo Propio, MiVivienda y Mejoramiento de Mi Barrio, principalmente, así como también las obras de saneamiento, pero con fiscalización para poner topes a la subcontratación y garantizar el cumplimiento de los derechos laborales.

Otra de las preocupaciones de la FTCCP es la violencia e infiltración de la delincuencia en el sector, por lo cual se demandó la coordinación con el ministro del Interior, Jorge Montoya Pérez, para la reactivación de la Comisión Multisectorial para combatir la violencia en las obras, de la que la Federación forma parte.

Asimismo, se planteó la necesidad de la fiscalización exhaustiva de la implementación de los planes de bioseguridad en las obras y que el transporte especial para los trabajadores sea obligatorio, pues, en el reinicio de las obras, cerca del 35% de obreros se han contagiado de Covid-19, la mayoría en el transporte público mientras va al trabajo o regresa a su hogar.

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