El jueves 16 de febrero se realizó una masiva movilización a nivel nacional e internacional en defensa de la integridad de la patria y en contra de la corrupción. En una jornada cívica muy importante, mujeres, jóvenes, trabajadores, estudiantes y ciudadanos en general expresaron su rechazo a las prácticas corruptas de funcionarios y empresarios que se enriquecen, traicionando la confianza pública.

 

La movilización fue nacional, pues, además de Lima, se realizaron actividades similares en las principales ciudades del país, los peruanos y peruanas nos pusimos de pie.

 

Con esta jornada se inicia la lucha por liberar a la patria de estas redes de corrupción millonaria que carcomen la fuerza y legitimidad de la República. Debemos enfrentarnos a los grandes empresarios e intereses privados que controlan el Estado, sobornando, rompiendo manos o poniendo a “sus” funcionarios en puestos claves para beneficiarse de obras, regulaciones, recorte de derechos laborales etc. Esta ha sido solo la primera de muchas movilizaciones.

 

Gerónimo López Sevillano secretario general de la GTCP encabezó la marcha, convocada por la central mariateguista, contra la corrupción y la impunidad

 

Hay que recordar que esta forma moderna de corrupción se inicia en el gobierno de Fujimori y coincide con la implantación del modelo neoliberal. Luego ha continuado en todos los demás gobiernos, con la honrosa excepción del gobierno de transición de Valentín Paniagua. Por eso, si bien consideramos saludable que actualmente haya un esfuerzo por hacer que Toledo enfrente los cargos que hay en su contra, los trabajadores creemos necesario se investigue a Ollanta y al propio presidente PPK, pero especialmente a Alan García, uno de los principales políticos envuelto en acusaciones de corrupción a gran escala. No podemos tolerar la impunidad. La justicia debe ser implacable, caiga quien caiga.

 

Si bien entendemos que el problema fundamental es el excesivo poder del sector empresarial frente al Estado y los funcionarios, existen reformas institucionales que podrían controlar los escandalosos niveles de corrupción a los cuales hemos llegado: que se aplique de inmediato la muerte civil de los funcionarios corruptos, el levantamiento del secreto bancario de todos los funcionarios acusados de corrupción, que se modifique sustancialmente el modelo de contrataciones del Estado y que se defina un límite razonable a las famosas adendas que son el medio para inflar precios y obtener coimas.

 

El Poder Judicial, Contraloría y el Ministerio Público deben ser las instituciones que se encarguen de vigilar, investigar y perseguir a los funcionarios corruptos. Pero también se requiere de mecanismos ciudadanos como un Observatorio que vigile desde la sociedad civil tanto a funcionarios del Estado como a altos directivos de las corporaciones que buscan acceder a licitaciones mediante sobornos y coimas.

 

Por Mario Huamán Rivera. Diario UNO , febrero 18, 2017

“Los trabajadores siempre vamos a luchar contra la corrupción, dice Mario Huamán.

 

Este jueves 16 de febrero, durante la Movilización Nacional contra la Corrupción, los trabajadores y los ciudadanos darán un mensaje claro a la clase política tradicional de que el país está cansado de la corrupción.

 

La Federación de Trabajadores en Construcción Civil (FTCCP) y la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) convocaron la referida movilización a la que ya se han unido diversos colectivos y organizaciones como No a Keiko, el Instituto de Defensa Legal, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, y líderes políticos como Verónika Mendoza, Manuel Dammert, Indira Huilca, Marisa Glave y otros.

 

El secretario general de la FTCCP y presidente de la CGTP, Mario Huamán, dijo que la corrupción es impulsada por malos empresarios, permitida por malos funcionarios (incluyendo presidentes) y sufrida por los trabajadores y la población en su conjunto.

 

“La lucha debe darse caiga quien caiga. El país se encuentra en una grave crisis política que atañe a todos los partidos políticos que han gobernado el Perú desde los años 90.

 

Se trata de un sistema casi institucional que ha permitido un flujo de corrupción entre grandes empresas nacionales e internacionales hacia altos funcionarios del Estado, incluyendo, principalmente, presidentes. Lo de Odebrecht es más que un escándalo; es la prueba de que el país funciona mal debido a una pésima clase dirigente. Y quien paga por ello son los trabajadores y la ciudadanía en general”, dijo.

 

Indicó que en el país hay impunidad y falta de institucionalidad. “Ambas se han podido contrarrestar ahora en el caso Lava Jato porque el proceso lo están manejando instancias internacionales; de lo contrario, en el Perú todo hubiera quedado en nada, como quedó el informe del congresista Juan Pari sobre este caso donde están incluidas diversas empresas brasileñas. Recordemos que también Francisco Morales Bermúdez fue juzgado por el Plan Cóndor por la justicia italiana. Los corruptos se sienten seguros con la justicia peruana”.

 

 

Mario Huamán

CÓMO NOS AFECTA LA CORRUPCIÓN

Manifestó que la corrupción destruye poco a poco la democracia y tenemos que tener presente. “La gente sabe que le están robando: a veces lo permite y en ocasiones sale a las calles, como en Puente Piedra por el peaje. Nosotros consideramos que debemos salir a las calles siempre. Es el primer escenario de lucha. En el Perú existe un sistema institucionalizado de corrupción, que es transversal a todos los ciudadanos. El trabajador ve trampear al pequeño empresario, este al mediano, y todos vemos robar a los grandes empresarios y políticos.

 

“Como los de arriba son intocables, los de abajo creen que pueden serlo. Así no vamos a ningún lado. El caso Odebrecht y las otras empresas del ‘megacaso’ Lava Jato son el síntoma de un modelo de desarrollo que promueve la corrupción, favorece los grandes negociazos de las grandes empresas y pone al lucro por encima de la gente. Neoliberalismo y corrupción van de la mano. Lo peor es que los gobernantes nos hacen pagar las coimas con impuestos”.

 

“Si Alberto Fujimori robó 6,000 millones de dólares, vendiendo casi todo el Perú y aquí se sigue triplicando presupuestos de infraestructura con adendas millonarias, los gobernantes no pueden decirnos ahora que no hay dinero para más hospitales, medicinas, colegios o universidades, y hasta para subir los salarios. Hay dinero, solo falta que dejen de robar”. Por Diario UNO el febrero 11, 2017

 

Por Mario Huamán Rivera.

 

La situación económica presenta signos de deterioro. Los alimentos suben en los mercados afectando la economía popular. Los trabajadores son despedidos o, como prefieren decir los empresarios, “no se renuevan los contratos”.

 

Por estos y otros problemas, el 3 de enero, en reunión con el ministro de Trabajo, Alfonso Grados, la CGTP expresó su preocupación y rechazo a las medidas que aparentan ser parte de un proceso de simplificación administrativa, pero realmente son una reforma laboral que contribuye a la precariedad laboral y que se hace en contra de los compromisos firmados por el presidente de la República con la CGTP.

 

Kuczynski se comprometió a no desarrollar ninguna reforma que precarice el empleo y a respetar los derechos existentes y las libertades sindicales. Nada de eso se ha cumplido. Expresamos nuestro rechazo a la nueva ley MYPES, el DS 013-2014-TR; la eliminación de la obligatoriedad de copia de contrato al MTPE; la eliminatoria del recurso de revisión contenido en el D.S. 017-2012-TR; entre otros cambios en materia laboral que ha perpetrado este Gobierno.

 

Este Gobierno debe retroceder en las modificaciones a la norma de Seguridad y Salud en el Trabajo, pues se ha eliminado los exámenes médicos obligatorios de ingreso al trabajo, por lo que será difícil constatar una enfermedad profesional. Asimismo, está pendiente la dación de los reglamentos de salud y seguridad en sectores claves como Agroindustria, Salud y Construcción Civil.

 

Exigimos la promulgación del Reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, del nuevo Reglamento de la Ley de Tercerización y la modificación de los reglamentos internos de las empresas; los proyectos de estos dos últimos fueron presentados hace más de cinco años por la CGTP.

 

Actualmente, se limita el plazo para el registro sindical a dos días útiles, se exige un notario para validar trámites internos y no se reconoce la cuota sindical en organizaciones de segundo y tercer grado. Eso debe cambiar. Es necesaria la revisión de los registros sindicales de Construcción Civil para derogar los que pertenecen a bandas delincuenciales.

 

Demandamos la plena vigencia y respeto irrestricto de la negociación colectiva. Es necesario fortalecer el Arbitraje Potestativo y no eliminarlo, así como la Mediación que actualmente es sólo retórica. Demandamos la derogatoria de la Ley Servir por ser contraria al derecho internacional en materia de negociación colectiva y libertad sindical.

 

El diálogo social es legítimo cuando llega a acuerdos y resultados concretos. Exigimos que el Ministerio de Trabajo recoja todo lo expuesto por la CGTP, como parte del cumplimiento de los compromisos firmados por Pedro Pablo Kuczynski con la clase trabajadora.

Diario UNO 6 de enero, 2017

Por, MARIO HUAMÁN RIVERA. 

 

Durante el primer tramo del Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski los derechos laborales continuaron siendo vulnerados; con la excusa de una simplificación administrativa se han dictado medidas sin consultar a los directos perjudicados, que son los trabajadores.

 

Por otro lado, conocemos algunos planes del Ministerio de Trabajo para flexibilizar las normas de contratación de trabajadores y las medidas para aprobar los Reglamentos Internos de las empresas, lo que significa profundizar más el desequilibrio en las relaciones laborales, menor capacidad de defensa para los trabajadores y recortar derechos para facilitarles ganancias a los empresarios a costa de la sobreexplotación al trabajador. Al final, el trabajador paga al empresario lo que el empresario no puede generar haciendo empresa.

 

En materia de relaciones colectivas, se simplifican los trámites para los empresarios, pero se pretende exigir notarios para los actos como asambleas sindicales, cambio de Estatuto y aprobación de huelga. Ello, al margen de limitar el arbitraje potestativo hasta casi eliminarlo. Se están eliminando espacios de diálogo social emitiendo normativas que aparentemente han sido consultadas solo con el empresariado y limita vías válidas de resolución de conflicto, al margen de desincentivar la negociación colectiva.

 

Esta política laboral absurda continúa, en contra de las promesas de campaña electoral refrendadas por Pedro Pablo Kuczynski, como el aumento de la remuneración mínima vital y el respeto a la libertad sindical; son promesas desplazadas por una tecnocracia neoliberal que proviene de la gran empresa y que ha tomado el control del Gabinete en pleno. Por ello, se están despidiendo y hostigando a los trabajadores solo por el hecho de inscribirse en un sindicato.

 

Recientemente, el Ejecutivo ha observado la ley que pasaría a los trabajadores CAS de EsSalud al régimen del Decreto Legislativo 728, impidiéndole así a más de 12,000 trabajadores gozar de todos sus beneficios laborales.

 

Ha habido crecimiento económico, las empresas continúan expandiéndose, pero esto no redunda en mejores condiciones salariales para la mano de obra. En el sector agroindustrial, por ejemplo, cuesta creer que en 20 años los empresarios se hayan vuelto más ricos, pero los trabajadores todavía sufren un régimen especial nefasto que no corresponde a la realidad de sus ganancias.

 

El último proceso electoral mostró que existe en el país un profundo anhelo de cambio. Como expresión de ello, hubo un despliegue de propuestas reformistas y de izquierda cuyo mayor referente fue la candidatura de Verónika Mendoza. No obstante, también debe mencionarse que los nuevos sectores populares de las urbes apoyaron a propuestas como las de PPK o el fujimorismo. ¿Por qué?

 

Una hipótesis es que en las últimas décadas se ha producido un alejamiento entre los sectores políticos progresistas y una gran mayoría del pueblo. Por ejemplo: para muchos ciudadanos de los sectores populares la delincuencia no es solo un “problema social” que deriva de la desigualdad o la falta de oportunidades, sino que además puede marcar la diferencia entre llegar o no, con vida, a fin de mes. De allí que las propuestas de “mano dura” sean tan populares, a pesar que ello no resuelve las causas reales del incremento de la inseguridad.

 

Estos discursos efectistas, aunados a la división de las opciones de izquierda, generaron una segunda vuelta en la que compitieron dos proyectos de claro talante neoliberal. No obstante, en la misma contienda el fujimorismo apareció muy vinculado a la corrupción y el narcotráfico, mientras que PPK se acercó voluntariamente a la sociedad civil organizada; de allí que la elección se definiera en términos de fujimorismo vs. antifujimorismo.

 

Sin embargo, el nuevo gobierno de PPK mostró rápidamente que su estrategia real es gobernar en favor de los grandes capitales. Con la excusa de “formalizar”, el Ejecutivo ha aprobado de forma autoritaria y unilateral una serie de medidas que atentan contra los derechos laborales. Asimismo, el MEF en lugar de plantear una agenda de reforma tributaria que permita elevar el presupuesto de sectores como salud y educación, ha priorizado un ajuste fiscal que perjudica el crecimiento económico.

 

El escenario es inestable, dado que el Parlamento de mayoría fujimorista ha tenido varias fricciones con PPK. De allí que resulte obvio que el Ejecutivo busque foros alternativos de deliberación y legitimidad, como el Acuerdo Nacional. La CGTP participará de este último exigiendo un diálogo con resultados. No es democrático que se siga gobernando de espaldas a los trabajadores y el pueblo. Es necesario centrar el debate nacional en la generación de empleo digno con derechos, donde sean los salarios los que dinamicen el conjunto de la economía.

 

Hace 24 años, durante la dictadura fujimorista, fue asesinado el líder sindical Pedro Huilca Tecse, quien enfrentó al Gobierno por implantar la flexibilización laboral neoliberal. La dictadura fujimorista creyó que con ello acallarían la voz de los trabajadores. Sin embargo, desde entonces hemos seguido dando duras batallas, fortaleciendo nuestras organizaciones sindicales, y seguiremos haciéndolo para defender los derechos laborales, desde todos los frentes posibles. El 2017 será el inicio de un nuevo ciclo de justificadas protestas y movilizaciones en defensa de una verdadera democracia con justicia social.

 

 

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