Consejo Permanente por la Vivienda, la Ciudad y el Territorio

 

Frente a las graves denuncias sobre prácticas corruptas que se habrían producido en la ejecución de obras públicas y en procesos de concesión de infraestructura, el Consejo Permanente por la Vivienda, la Ciudad y el Territorio integrado por entidades representativas de trabajadores, profesionales y empresarios del sector construcción, demandamos una profunda investigación de estos deplorables hechos que perjudican gravemente a nuestra economía; afectan las condiciones de vida de los ciudadanos, especialmente los de menores ingresos; y vulneran la institucionalidad democrática de nuestro país.

 

Requerimos al Ministerio Público y al Poder Judicial para que, actuando con independencia y celeridad y buscando la colaboración de autoridades jurisdiccionales que llevan a cabo procesos de investigación que han alcanzado resultados visibles en otros países, identifiquen y sancionen a los responsables de hechos delictivos, aseguren el debido resarcimiento económico y moral al Estado Peruano; y velen porque se reduzcan al mínimo posible los perjuicios a la población que espera contar con los servicios e infraestructuras y a los trabajadores vinculados a estas obras.

Sin embargo, no debe perderse de vista que la corrupción en nuestro país no se ha iniciado con estos lamentables casos, por lo que creemos urgente emprender acciones concretas para promover la ética en los procesos de contratación pública y, en general, en las relaciones entre el sector estatal y los gremios vinculados a la actividad constructora.

En esta perspectiva, no solo exigimos combatir y sancionar estos actos realizados, sino que además es necesario prevenirlos. Por ello, los gremios que conformamos este Consejo Permanente no solo nos comprometemos a separar de nuestras organizaciones a quienes hayan cometido delitos de corrupción, sino también a modernizar nuestras normas internas para difundir la ética y las buenas prácticas laborales, profesionales y empresariales entre todos nuestros afiliados, así como para prevenir y sancionar severamente los actos de corrupción en la actividad constructora. Más aún, haremos el máximo esfuerzo para consensuar un Pacto por la Ética en la Actividad Constructora, que involucre al sector público y privado, y establezca principios, compromisos y acciones destinados a proveer una construcción más segura, más competitiva y mejor orientada hacia la búsqueda del bien común.  Entre otros temas, este Pacto debe abordar:

a)    El establecimiento de la meritocracia en la gestión pública, empoderando y protegiendo a los funcionarios públicos honestos y competentes, especialmente a aquellos vinculados directamente a los procesos de contratación y a los mecanismos de control de la administración estatal.

b)    La modificación radical del vigente modelo de contratación pública, en todas sus modalidades, que ha demostrado su inoperancia y permeabilidad frente a la corrupción, mediante la introducción de medios tecnológicos y operativos innovadores que reduzcan los márgenes para actos impropios o delictivos.

c)    El perfeccionamiento del marco de procedimientos administrativos del Estado vinculados con la construcción que afectan la seguridad jurídica, atentan contra la calidad de las construcciones y alientan la corrupción.

d)    La implementación de cambios institucionales para asegurar la independencia, competencia, legitimidad e integridad de los órganos policiales y judiciales, particularmente de los que tienen a su cargo el combate a la corrupción.

e)    La reestructuración del modelo de descentralización de la administración estatal, a partir de acciones coordinadas y consensuadas, propiciando una distribución racional de facultades y de recursos en los tres niveles de gobierno.

f)     La puesta en marcha de una estrategia integral para combatir la acción de bandas delincuenciales, seudo sindicatos y otras organizaciones ilegales y la presencia de falsos trabajadores en las obras de construcción, los que además de ser causantes de pérdidas humanas y materiales, constituyen una fuente de corrupción flagrante que se ha extendido por la inercia de las autoridades correspondientes.

g)    La promoción de una cultura ciudadana en pro de la formalidad, el respeto a la ley y el rechazo a la corrupción. En esta línea, es indispensable encontrar una solución integral al problema de la invasión de terrenos que impide el crecimiento ordenado de las ciudades y dificulta el acceso de la población de menores ingresos a los servicios públicos y a la vivienda adecuada.

Somos conscientes de la gravedad de la hora presente, pero también de la irrepetible oportunidad que esta coyuntura crítica nos concede a todos los peruanos para encarar frontal y decididamente las falencias institucionales, legales y morales que han frustrado hasta el momento la aspiración de vivir en un país en el que las relaciones entre ciudadanos se rijan por la integridad, la transparencia y la solidaridad.

Quienes integramos este Consejo Permanente confiamos en que, con una genuina voluntad política, unidos los peruanos sabremos salir fortalecidos de esta dura prueba.

Lima, 8 de febrero del 2017.

       José Enrique Arispe Chávez                                                          Jorge Alva Hurtado

      Decano Nacional 2014-2017                                                            Decano Nacional

Colegio de Arquitectos del Perú-CAP                                        Colegio de Ingenieros del Perú-CIP

 

           Arturo Yep Abanto                                                              Mario Huamán Rivera

   Decano Nacional 2017-2020                                                          Secretario General

Colegio de Arquitectos del Perú-CAP                             Federación de Trabajadores en Construcción

                                                                                                     Civil del Perú-FTCCP

                                                      Francisco Osores Sánchez

                                                Presidente del Consejo Directivo

                                         Cámara Peruana de la Construcción-CAPECO

La Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP), base de la CGTP, ha publicado el libro “58 años en la lucha obrera del Perú. Reseña histórica 1958-2016”, que reúne en más de 80 páginas los hechos más resaltantes de la historia de la organización sindical de los obreros del andamio.

La FTCCP nace como iniciativa de los dirigentes de los sindicatos de construcción civil, quienes querían un organismo más grande para reclamar los problemas de la clase obrera de construcción ante el gobierno de Manuel Prado, quien había pactado con el APRA, para conducir el país. Esta etapa se le conoce como el gobierno de la "Convivencia”, quien suspendió las garantías constitucionales, en un momento de desocupación e inflación que agudizó la lucha de los trabajadores a nivel nacional.

En el libro se lee: “La política hambreadora del gobierno pradista era apoyada por los aliados de la CTP… Así se pudo justificar por parte del Apra las masacres a los trabajadores de Toquepala, Chepén, Atacocha, Casa Grande, Calipuy, etc. Y las traiciones a las huelgas de los bancarios, choferes y mineros del centro”.

El texto narra el paralelismo sindical de los apristas en construcción civil, la toma del local de Cangallo por los “búfalos” con el apoyo de la Policía, ordenada por el Gobierno de la “Convivencia”, así como la lucha de los trabajadores en construcción, en todos los frentes, por la recuperación de su local y cómo lo lograron.

Asimismo, reseña la lucha obrera durante la dictadura fujimorista de los años 90, para recuperar la democracia y los derechos conculcados durante el gobierno de Alberto Fujimori.

También trata el problema de la violencia en las obras, azuzada durante el segundo gobierno de Alan García, cuando a través del Ministerio de Trabajo se otorgó a seudosindicatos mafiosos reconocimientos sindicales automáticos, con el fin de destruir a la FTCCP.

Descargar la versión digital en el siguiente enlace: 

http://www.ftccp.com/images/BibliotecaVirtual/HistoriaFTCCP/Sintesis-historica-FTCCP.pdf

 

 

Dirigentes de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP), se reunirán este 25 de febrero, en Lima, en la III Asamblea Nacional de Delegados, para plantear medidas contra la corrupción, la que los afecta directamente con la paralización de puestos de trabajo, entre otros problemas.

 

El secretario general de la FTCCP y presidente de la CGTP, Mario Huamán, informó que por el momento ya se ha calculado un mínimo de puestos paralizados en las grandes obras. “Alrededor de 15,000 obreros de construcción no pueden trabajar porque por causas de corrupción se han paralizado grandes obras como Chavimochic III, Alto Piura, Majes y el Gasoducto del Sur”, afirmó.

 

Los trabajadores quieren más trabajo, pero con contratos que no afecten los intereses de los ciudadanos. Así opinó Luis Villanueva Carbajal, secretario general adjunto de la FTCCP. “Los trabajadores exigimos Reactivación sin Corrupción. Ese es el lema de la Asamblea Nacional de Delegados de la FTCCP”, sentenció.

 

Son 180 bases sindicales que tiene la Federación en todo el país, las que se ven afectadas por la corrupción que ocasiona suspensión de los puestos de trabajo. Asimismo, señalan que es el Gobierno quien debe velar para evitar la colusión de malos empresarios y malos funcionarios.

 

Los dirigentes sindicales señalan, sobre Odebrecht y otras empresas brasileñas del caso Lava Jato, que esto revela que malos empresarios y malos funcionarios nos hacen pagar a todos los peruanos los costos de esas coimas a través de peajes sin fundamento como en el caso de Puente Piedra o cuotas en los recibos de luz como en el caso del Gasoducto del Sur. (Fuente: Perú Noticias)

 

 

El jueves 16 de febrero se realizó una masiva movilización a nivel nacional e internacional en defensa de la integridad de la patria y en contra de la corrupción. En una jornada cívica muy importante, mujeres, jóvenes, trabajadores, estudiantes y ciudadanos en general expresaron su rechazo a las prácticas corruptas de funcionarios y empresarios que se enriquecen, traicionando la confianza pública.

 

La movilización fue nacional, pues, además de Lima, se realizaron actividades similares en las principales ciudades del país, los peruanos y peruanas nos pusimos de pie.

 

Con esta jornada se inicia la lucha por liberar a la patria de estas redes de corrupción millonaria que carcomen la fuerza y legitimidad de la República. Debemos enfrentarnos a los grandes empresarios e intereses privados que controlan el Estado, sobornando, rompiendo manos o poniendo a “sus” funcionarios en puestos claves para beneficiarse de obras, regulaciones, recorte de derechos laborales etc. Esta ha sido solo la primera de muchas movilizaciones.

 

Gerónimo López Sevillano secretario general de la GTCP encabezó la marcha, convocada por la central mariateguista, contra la corrupción y la impunidad

 

Hay que recordar que esta forma moderna de corrupción se inicia en el gobierno de Fujimori y coincide con la implantación del modelo neoliberal. Luego ha continuado en todos los demás gobiernos, con la honrosa excepción del gobierno de transición de Valentín Paniagua. Por eso, si bien consideramos saludable que actualmente haya un esfuerzo por hacer que Toledo enfrente los cargos que hay en su contra, los trabajadores creemos necesario se investigue a Ollanta y al propio presidente PPK, pero especialmente a Alan García, uno de los principales políticos envuelto en acusaciones de corrupción a gran escala. No podemos tolerar la impunidad. La justicia debe ser implacable, caiga quien caiga.

 

Si bien entendemos que el problema fundamental es el excesivo poder del sector empresarial frente al Estado y los funcionarios, existen reformas institucionales que podrían controlar los escandalosos niveles de corrupción a los cuales hemos llegado: que se aplique de inmediato la muerte civil de los funcionarios corruptos, el levantamiento del secreto bancario de todos los funcionarios acusados de corrupción, que se modifique sustancialmente el modelo de contrataciones del Estado y que se defina un límite razonable a las famosas adendas que son el medio para inflar precios y obtener coimas.

 

El Poder Judicial, Contraloría y el Ministerio Público deben ser las instituciones que se encarguen de vigilar, investigar y perseguir a los funcionarios corruptos. Pero también se requiere de mecanismos ciudadanos como un Observatorio que vigile desde la sociedad civil tanto a funcionarios del Estado como a altos directivos de las corporaciones que buscan acceder a licitaciones mediante sobornos y coimas.

 

Por Mario Huamán Rivera. Diario UNO , febrero 18, 2017

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