La tragedia en Lima de tres obreros fallecidos en una edificación de viviendas forma parte de la ola de muertes debido a falta de medidas de seguridad y de fiscalización tanto en obras públicas como privadas, pues se prioriza el avance de obra y el ahorro mientras se pone en riesgo la vida de los trabajadores.

Así lo afirmó el secretario general de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP), Luis Villanueva Carbajal, quien considera que, por experiencia, se conoce que incluso en obras de presupuesto millonario y que tienen como núcleo ejecutor a entidades del Estado, no se cumplen con medidas de seguridad y salud.

Informó que a las muertes en Lima se sumó dos en la Urb. Agua Buena de Cusco tras derrumbe en la obra de edificación y otros dos en Áncash, Julián Andrés Mejía Ramírez (44) y Santos Mejía Cautivo (75), en un derrumbe de arena en la obra de mejoramiento de canal de riego a cargo de la Municipalidad Distrital de Pariacoto (Huaraz). En Moquegua, resultó con fracturas Jhon Espinoza al caer un talud en la obra del sector de Salviani de la mina Quellaveco ejecutada por JJC Besalco, contratista de Anglo American.

“Hace poco hemos recibido la denuncia de obreros trabajando con su ropa propia, hasta en sandalias, sin uniforme ni medidas de seguridad, en una obra del distrito de Chirinos, en San Ignacio, Cajamarca, valorizada en más de 9 millones de soles, financiada por el Ministerio de Vivienda y ejecutado por el Consorcio San Juan”, denunció.

Villanueva Carbajal argumentó que si bien la noticia más mediática fue la muerte de Fabio Roy Nalvarte Goyzueta, César Benavides Burga y José Yovera Pacheco en la obra de edificación Casa Ideal en Santa Beatriz, esa catástrofe es la que se vive en todo el país. “Por falta de seguridad, los obreros se juegan la vida en el trabajo”, señaló.

La FTCCP demanda al Ministerio de Trabajo, la SUNAFIL, municipalidades y gobernaciones mayor fiscalización en obras para reducir los accidentes laborales que ponen en riesgo la vida de los trabajadores.

Por: Luis Villanueva Carbajal

El proyecto de adelanto de elecciones generales planteado por el Ejecutivo es un golpe inesperado contra la corrupción y el Congreso, dominado por la alianza fujiaprista.

Debemos remarcar, sin embargo, que no se trata de que el presidente Martín Vizcarra haya escuchado a los peruanos, que demandaban cierre del Congreso, Asamblea Constituyente para una nueva Constitución al servicio de los peruanos y elecciones generales para que se vayan todos los corruptos y explotadores. En ese orden.

Se trata, más bien, de que el presidente está utilizando a su favor la animadversión hacia el Congreso, catapultando a las masas contra sus enemigos políticos, mientras a hurtadillas implanta una reforma laboral digitada por la CONFIEP y dañina a los intereses de los trabajadores.

Por ello, los peruanos vienen movilizándose en todo el país demandando la derogatoria del D.S. 345-2018-EF, la Agenda País de la CONFIEP y el D.S. 237-2019-EF, que pretende eliminar los derechos laborales obtenidos durante años de luchas.

Vizcarra no tomó en cuenta, además, las demandas de trabajadores y los pueblos afectados por la minería dedicados a la agricultura como medio de vida y desarrollo de sus comunidades, como Las Bambas (que reclaman un mineroducto subterráneo), Morococha, Michiquillay, Yanacocha, y del Valle del Tambo, que esperan la cancelación de la licencia de construcción otorgada a la Southern para el proyecto Tía María.

Los trabajadores de construcción civil expresamos nuestra solidaridad con los pobladores del Valle del Tambo, y las otras poblaciones que defienden su medio agrícola; apoyamos la acción de la CGTP, las federaciones y sindicatos; exhortamos a los colectivos y poblaciones regionales, así como a las fuerzas políticas progresistas y de izquierda, a movilizarse permanentemente, para derrotar a las fuerzas oscuras que explotan a los trabajadores.

Esto nos obliga a redoblar esfuerzos para avanzar en la unidad de las fuerzas progresistas, de izquierda, democráticas y antiimperialistas para garantizar una presencia política importante en el Gobierno y así poder impulsar los cambios que demanda el pueblo.

Así lo está entendiendo el pueblo y los trabajadores, y hemos decidido participar en la construcción de una alternativa política diferente que gobierne en beneficio de las grandes mayorías.

(Tomado del diario UNO, edición del 5 de agosto de 2019. Columna En Concreto).

 

Compañeros y compañeras, distinguidas personalidades presentes en este importante acto sindical de Juramentación de Junta Directiva.

 

Compañero Martín Rimachi Oré, secretario general del Sindicato de Lima y Balnearios; compañeros del Consejo Directivo del Sindicato de Lima y Balnearios, activistas del sindicato presentes.

 

A nombre Secretariado Ejecutivo de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú les hago llegar el saludo fraterno y clasista, así como nuestras sinceras felicitaciones a cada uno de los dirigentes electos para el nuevo periodo 2019-2021.

 

Hay que destacar que las elecciones de la junta directiva se han realizado en democracia y renovación, lo que garantiza el fortalecimiento de nuestra federación.

 

El Sindicato de Lima es una organización emblemática en la lucha del sindicalismo peruano, fue y seguirá siendo la cantera de cuadros para la dirección nacional de la CGTP, así, destacan el c. Isidoro Gamarra, Manuel Díaz Salazar, artífices de la refundación de la central mariateguista. Asimismo, jugó un papel protagónico en la fundación de nuestra FTCCP, para centralizar a nivel nacional la lucha de los trabajadores para fortalecer la negociación colectiva por rama de actividad y hacer de la FTCCP un bastión de las luchas proletarias del gremio de la construcción y del pueblo peruano.

 

A lo largo de esta trayectoria de vida y lucha por la causa justa de los trabajadores, el STCCLB se ha constituido en una cantera del sindicalismo de clase, es decir: la defensa consecuente de los derechos de los trabajadores, la más férrea unidad sindical y la disciplina orgánica cuyos fundamentos están cimentados en nuestro Estatuto.

 

Estos principios se han reafirmado en el 27° Congreso Nacional Ordinario de la FTCCP, realizado del 12 al 15 de junio del 2019, congreso que ha afianzado la unidad orgánica, la democracia sindical y la renovación de cuadros en todas las instancias de nuestra federación. Así como los acuerdos de la estrategia política y sindical para el periodo. Igualmente dar batalla contra la violencia criminal que se camuflan en los seudos sindicatos y asesinan a nuestros dirigentes.

 

Estamos en vísperas de la firma del Convenio Colectivo para el sector construcción del presente año, con resultados favorables para los trabajadores, a pesar de la desaceleración de la economía cuyo impacto principal es la guerra económica de los EEUU contra China y en lo interno por los casos de corrupción que ha afectado al sector de la construcción

 

Compañeros y compañeras:

 

El contexto político que hoy está en curso, nos plantea nuevos retos de lucha para los trabajadores y el pueblo peruano. El presidente de la República Martín Vizcarra durante su Mensaje de 28 de julio anunció el “Proyecto de ley de reforma constitucional que prohíbe la postulación de quien ejerce la presidencia y adelanta las elecciones generales”, ha hecho explotar las contradicciones entre las élites dominantes de la economía y la política en el Perú, que han llevado a la ruina social al pueblo peruano, a lo largo de los 200 años de la República.

 

Lo propuesto por el Presidente Martín Vizcarra de adelantar las elecciones generales, es un golpe inesperado contra el Congreso dominado por la alianza fuji-aprista y a la corrupción; aunque los tiempos electorales son estrechos, esto obliga a realizar los mayores esfuerzos para avanzar en la unidad de las fuerzas de la izquierda, democráticas y antimperialista, a las organizaciones sociales para garantizar una fuerza política importante en el Congreso de la República y así poder impulsar los cambios que demandan los trabajadores y el pueblo.

 

La clase obrera y el pueblo comprometido con el cambio del modelo neoliberal y la defensa de la soberanía de nuestros recursos, vienen movilizándose en todo el país demandando la derogatoria del D.S. 0345-2018-EF, por su contenido entreguista y anti laboral, violatorio de todas las conquistas obtenidas a través de muchos años de luchas.

 

La “Agenda País” presentadas por la CONFIEP, y el D.S. 237-2019- EF anunciado por el Presidente en el mensaje de 28 de julio, apuntan a profundizar el modelo político y económico neoliberal, que beneficia a los grandes capitales extranjeros y a la oligarquía nacional.

 

Como señalamos en el informe de nuestro 27° Congreso Nacional para los trabajadores la crisis es estructural y no solamente política; como plantea la derecha política y empresarial, y que esta crisis se puede resolver con el buen entendimiento y los buenos modales constitucionales entre los poderes del Estado, controlados por la clase política tradicional, caduca, corrupta y vende patria. Tanto el Ejecutivo, el Congreso de la República y el poder Judicial están desprestigiados y son repudiados por las grandes mayorías de los peruanos.

 

Los trabajadores clasistas estamos convencidos que el dominio económico y político neoliberal, responde al diseño de los intereses geopolíticos del imperialismo, que nos ha asignado el rol de un país primario exportador de recursos naturales, importador de los productos que se fabrican en el extranjero. Por consiguiente, la desindustrialización y el desempleo agudizan la crisis social.

 

El presidente Martín Vizcarra no hizo mención a las demandas de trabajadores y de los pueblos afectados por el daño ambiental y el abuso de las empresas mineras, acontecimientos centrales que vive el país. Del mismo modo, a los pobladores del interior, dedicados a la agricultura, como medio de vida y desarrollo de sus comunidades, como las Bambas, Morococha, Michiquillay, Yanacocha, del Valle Del Tambo, que esperan la cancelación la Licencia de Construcción otorgada a la Southern para el proyecto Tía María.

 

Por el contexto que vive el país, era lógico esperar que tendría que referirse a la necesidad de una nueva Ley de Minería.

 

La FTCCP expresa su SOLIDARIDAD con los pobladores del Valle del Tambo, y las otras poblaciones que defienden su medio agrícola; apoyamos la acción de la CGTP, y las Federaciones y sindicatos, exhortamos a los colectivos y poblaciones regionales, así como a las fuerzas políticas progresista y de izquierda a movilizarse permanentemente, para derrotar a las fuerzas oscuras que explotan a los trabajadores.

 

Así lo está entendiendo el pueblo y los trabajadores y hemos decidido participar en la construcción de una alternativa política diferente que gobierne en beneficio de las grandes mayorías.

 

¡VIVA CONSTRUCCIÓN CIVIL!

 

¡VIVA LA CGTP!

 

¡VIVA EL PERÚ

La Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP) alerta a las autoridades que diversos trabajadores han denunciado que el Consorcio San Juan en el distrito de Chirinos (San Ignacio, Cajamarca) no entrega boletas de pago, no tiene a sus trabajadores en planilla y les recortan el salario en una obra de agua y saneamiento financiada por el Ministerio de Vivienda y valorizada en más de 9 millones de soles.

En fotos proporcionadas por los obreros, se puede ver a trabajadores laborando en sandalias y con gorros y ropa de calle, pues el Consorcio San Juan no les brinda el uniforme respectivo. Además, carecen de sistema de seguridad en obra y les recortan los salarios desconociendo resoluciones del Ministerio de Trabajo y la negociación colectiva por rama en el sector construcción entre la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) y la FTCCP.

El Consorcio San Juan, conformado por Inversiones, Construcciones y Servicios Generales San Francisco SAC; Corporación LEMS SAC; Paradizo SRL, y Construcciones Señor de los Milagros SRL, ejecuta la obra “Mejoramiento, ampliación del Servicio de Agua Potable e instalación del servicio de saneamiento básico en la localidad de Los Cuyes y sectores: Vista Hermosa, La Esperanza, Cruz de Chalpón, La Lima y La Primavera”, bajo la supervisión del Consorcio M&H, valorizado en S/ 9’190,219.36, con código SNIP 380012.

Sin embargo, trabajadores denuncian que, aun siendo una obra financiada por el Gobierno, se les paga 80 soles diarios a los operarios y a los peones, 35 y 40 soles, sin beneficios sociales ni implementos de seguridad. La empresa no entrega boletas ni incluye en su planilla a los trabajadores, además de retrasar el pago durante 30 o 45 días.

De todo esto, señalan, son responsables el alcalde de la Municipalidad del distrito de Chirinos (San Ignacio, Cajamarca), con su ingeniero coordinador; el ingeniero residente de obra, el administrativo de la obra y los representantes de las cuatro empresas que forman parte del Consorcio San Juan, así como el Consorcio M&H, que es el responsable de la supervisión de todo lo que pasa en esta obra que pertenece al Ministerio de vivienda, Construcción y Saneamiento.

El fantasma del expresidente Alan García asoma en este nuevo conflicto por el proyecto minero Tía María. Durante su último mandato, en 2011, hubo tres muertos y decenas de heridos por balas de la Policía Nacional. El gobierno de Ollanta Humala siguió el mismo derrotero. En 2015, asesinaron a dos.

Sin embargo, los conflictos se remontan a 2003, fecha en que Southern inició la exploración minera. Desde entonces, han pasado 16 años de negativas ante este proyecto.

Aun así, el gobierno de Martín Vizcarra comete el error de otorgar la licencia de construcción a la empresa, insistiendo en la línea de los presidentes que lo precedieron, y que actualmente han sido requeridos por la justicia.

Lo peor es que lo hace desconociendo la premisa máxima de que no debe haber licencia de construcción si es que no hay primero licencia social.

Esta imposición del poder del capital forma parte de la política neoliberal que el Gobierno quiere implantar sustentándolo en la nefasta Política Nacional de Competitividad y Productividad, vía Decreto Supremo 345-2018-EF, la misma que considera los derechos laborales como gastos superfluos y a los trabajadores como seres humanos descartables.

Tanto la Política de Competitividad como el proyecto Tía María han sido exigidos explícitamente por la CONFIEP al presidente Martín Vizcarra, conjuntamente con la ampliación del régimen laboral con derechos reducidos en la agricultura. No son cosas aisladas, todas corresponden a un interés empresarial en desmedro de la población en general.

Por eso, los trabajadores alzaremos nuestra voz de lucha en las calles este 25 de julio, durante la Jornada Nacional de Lucha convocada por la CGTP para demandar al Gobierno un alto a la política de imponer a sangre y fuego los caprichos del empresariado.

Demandaremos respeto a los derechos laborales, aumentos de salarios y pensiones y cese al mecanismo de imponer a sangre y fuego los caprichos de la CONFIEP, algo que nos recuerda la política del perro del hortelano del extinto Alan García.

(Tomado del diario UNO, del 22 de julio de 2019, http://diariouno.pe/columna/no-debe-haber-licencia-de-construccion-sin-licencia-social/)

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