Trabajadores de la obra de mejoramiento del Hospital Ramón Egoavil Pando del distrito de Villa Rica (Oxapampa, Pasco) y de la obra de ampliación del penal de Pucallpa (Ucayali) denuncian despido de dirigentes de sus comités de obra como represalia por reclamar a los empresarios el pago de salarios de acuerdo al régimen de construcción civil.

Así lo informó el secretario general de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP), Luis Villanueva Carbajal, quien respaldó al Sindicato de Trabajadores en Construcción Civil - Base Villa Rica y el Sindicato de Trabajadores en Construcción Civil de la Región Ucayali, que luchan en sus respectivas regiones contra las constructoras que incumplen la ley y contra los seudosindicatos y mafias que quieren extorsionar en construcción civil.

Villanueva Carbajal exigió a los gobernadores de las regiones Pasco, Pedro Ubaldo, y de Ucayali, Francisco Antonio Pezo, fiscalizar las empresas a las que otorgan la buena pro para obras que se realizan con dinero de todos los peruanos, porque a los obreros se les recorta el salario y no se les paga escolaridad, movilidad, bonificaciones de acuerdo al régimen de construcción civil.

 

Dos días de paro en Villa Rica

Tras el paro del 5 y 6 de octubre en las obras del hospital Ramón Egoavil de Villa rica, recordó que “no es la primera vez que el consorcio San Cristóbal, conformado por Odisea Perú S.A.C., Weihai Construc­tion Group Company Limited y Corporación Sohe E.I.R.L., arremete contra los trabajadores. En julio, los obreros fueron coactados para dejar su sindicato con la promesa de un puesto de trabajo, aprovechándose de su precariedad luego de tres meses de desempleo debido a la cuarentena por el covid-19”, afirmó.

Denunció que las empresas quieren pagar bajo la ley de la oferta y la demanda, aprovechando el alto desempleo.

“Una obra de más de 130 millones de soles tiene ya presupuestado el salario de los trabajadores. Si ese dinero no va al trabajador, alguien está haciendo uso indebido de ese monto. Son alrededor de cien trabajadores en esta obra del hospital de Villa Rica a los que no se les paga de acuerdo a ley. Y a quienes reclaman, los despiden, como sucedió con Marco Padilla y otros dirigentes del comité de obra reconocidos por el Ministerio de Trabajo”, advirtió Villanueva Carbajal.

 

Paro indefinido en obra de penal de Pucallpa

El dirigente sindical señaló que lo mismo sucede en la obra de ampliación del penal de Pucallpa, donde el Consorcio Ejecutor Ucayali despidió a Wálter Bohórquez, secretario general del comité de obra, y otros doce trabajadores, solo porque reclamaron por el recorte de salarios y beneficios laborales de acuerdo a ley.

“Con los despidos, los empresarios quieren atemorizan a los 300 trabajadores que laboran, aproximadamente, en esa obra, para que no reclamen sus derechos, pero desde el lunes 5 de octubre hasta la fecha los obreros se mantienen en pie de lucha con una paralización de la obra hasta que los empresarios cumplan con pagar el dinero que les deben. Todo abuso debe ser sancionado”, resaltó.

Finalmente, el secretario general de la FTCCP exhortó a los empresarios de todo el país a respetar la libertad sindical, amparada en el Art. 28° de la Constitución Política, el Título II del Decreto Supremo N° 010-2003-TR y el Art. 168° del Código Penal.

“Como no hay fiscalización laboral ni sanciones a los empresarios que delinquen recortando salarios y despidiendo arbitrariamente trabajadores, se acrecienta la informalidad, la pobreza y el desempleo en construcción civil. Esto debe cambiar”, finalizó.

Lima, 11 de octubre de 2020

 

La Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP) denuncia que la falta de medidas de seguridad y salud en el trabajo cobró la vida de un obrero de construcción, el 6 de octubre, por un derrumbe de tierra y piedras en la construcción de un muro de contención en el asentamiento humano Sol Naciente del distrito de Independencia.

“Algunas autoridades consideran que en las obras pequeñas de los programas sociales del Estado no son necesarios los protocolos de seguridad y salud en el trabajo, lo cual es un completo error, porque tanto en obras pequeñas como en grandes obras el trabajador está expuesto a los accidentes fatales como sucedió en esta obra”, afirmó el secretario general de la FTCCP, Luis Villanueva Carbajal.

Señaló que por la falta de medidas de seguridad y salud cada vez lamentamos la muerte de obreros en construcción civil. Asimismo, denunció que, de acuerdo a información de los pobladores, no existían mallas de seguridad ni implementos mínimos para evitar un accidente fatal.

Argumentó que es importante que en todo tipo de obras se contraten para los trabajadores el Seguro Contra Trabajo de Riesgo (SCTR) y el “Essalud +Vida Seguro de Accidentes” que en caso de muerte asiste a la familia con una póliza de S/ 72,456 y un pago de S/ 1,150 por doce meses por concepto de canasta familiar.

“Es necesario generar trabajo, pero trabajo digno, con derechos laborales y seguridad y salud, para evitar accidentes mortales”, dijo.

Lima, 06 de octubre de 2020

Las empresas constructoras deben pagar los reintegros a los obreros en construcción civil por labores realizadas desde el 1 de junio hasta la fecha en que comenzaron a pagar conforme a la nueva tabla salarial.

Así lo informó el secretario general de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP), Lusi Villanueva Carbajal, que anunció que tras la publicación de los índices de reajuste de mano de obra del INEI en el diario oficial El Peruano, las empresas ya pueden hacer el cálculo de los reintegros.

“El 14 de setiembre nuestra Federación firmó el convenio colectivo con CAPECO mediante el cual se elevan los salarios, válidos para los trabajadores desde el 1 de junio. También deben pagar reintegros a trabajadores liquidados que hayan laborado desde el 1 de junio”, afirmó.

Villanueva Carbajal advirtió que existe un 75% de informalidad en el sector construcción, por lo que exigió mayor fiscalización de las municipalidades, SUNAFIL e inclusive de los ministerios que otorgan la buena pro a constructoras, pero no fiscalizan el cumplimiento de los derechos laborales en obras que se realizan con dinero del Estado.

“En la práctica, existe un abandono de las obras que se realizan con dinero del Estado. Las constructoras, sobre todo subcontratistas y extranjeras, no pagan el salario que por ley debe dársele a los trabajadores y las instituciones que otorgan la buena pro no fiscalizan que el dinero que han invertido cubra todos los derechos de los trabajadores, derechos que ya están presupuestados”, reveló.

Recordó que el sector construcción civil comenzó a operar desde la Fase 1 de la reactivación económica e informó que en la actualidad existe alrededor de 65,000 trabajadores en actividad en obras formales e informales, que necesitan fiscalización del cumplimiento de sus derechos laborales y de los protocolos de seguridad y salud para evitar el contagio del covid-19 así como accidentes discapacitantes y mortales.

“Exigimos mayor fiscalización para evitar contagios, accidentes, muertes y que el dinero del Estado llegue a los trabajadores”, finalizó Villanueva Carbajal.

Lima, 5 de octubre de 2020

Por: Luis Villanueva Carbajal

El 1 de octubre, fue publicada en el diario El Peruano el Acta de Negociación Colectiva en Construcción Civil 2020-2021 mediante la resolución N° 224-2020-TR del Ministerio de Trabajo, donde señala los aumentos salariales en el sector construcción y otros beneficios, tras la firma del convenio entre la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FCCP) y la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO) el 14 de setiembre.

Y este 3 de octubre, fue publicada la Resolución Jefatural N° 179-2020-INEI que modifica el índice unificado de mano de obra en construcción civil, que sirve a las empresas para calcular los reintegros para las labores realizadas desde el 1 de junio hasta la fecha en que pagaron con el nuevo salario a sus trabajadores. Estos reintegros también corresponden a los trabajadores liquidados antes de la fecha de esta publicación.

Esta negociación colectiva es importante para los trabajadores. La FTCCP ha demostrado que con unidad, perseverancia y disciplina de sus organizaciones sindicales afiliadas se puede lograr mejores condiciones laborales, inclusive aumentos salariales en plena pandemia.

Sin embargo, estos hechos contrastan con la realidad laboral en general del país. El pasado 30 de setiembre, convocados por la CGTP, alrededor de mil trabajadores de más de treinta organizaciones sindicales realizaron un plantón frente al Ministerio de Trabajo para protestar por la ampliación de la suspensión perfecta de labores hasta el 2021, postergar el pago de la CTS, e incrementar el despido laboral. 

El Gobierno se ha rendido a los pies de la CONFIEP y de la oligarquía financiera para continuar descargando el peso de la crisis económica sobre las espaldas del pueblo que ya sufre la pandemia del covid-19.

Ahora que se avecina una contienda electoral, es urgente la unidad de acción de los trabajadores, los partidos de izquierda y progresistas, la sociedad civil organizada, en la lucha por una representación popular que revierta el modelo neoliberal para mejorar las condiciones de vida de los peruanos con la generación de puestos de trabajo, a través de la inversión pública en obras urgentes de infraestructura, saneamiento e impulso a la agricultura nacional.

 

Con un llamado a la unidad para enfrentar la violencia contra los defensores de los derechos humanos culminó la conferencia "Construcción Civil, por un Perú sin violencia" en la que participó la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP), la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).

 

La conferencia fue realizada el lunes 28 de setiembre, en el marco de la conmemoración del Día Internacional por la Paz (21 de setiembre) y la Semana Nacional de los Derechos Humanos (24-30 de setiembre).

 

Luis Villanueva, secretario general de la FTCCP, señaló que “la delincuencia organizada está a la expectativa del reinicio de las obras de construcción”, quienes una vez que toman una obra se dedican al cobro de cupos a obreros y empresarios, extorsionando semanalmente para financiar otras actividades delictivas.

 

“Y cuando un dirigente sindical los enfrenta, en defensa de los derechos laborales, los amenazan y los matan. Por eso hay 19 dirigentes afiliados a sindicatos de la FTCCP asesinados por estas mafias desde el año 2011”, aseveró.

 

Resaltó que los dirigentes sindicales son incómodos “para los empresarios y los gobiernos de turno cuando reclaman sus derechos. Ahí nuestra lucha no solamente es contra la delincuencia, sino contra la represión de las leyes que criminalizan la protesta y el uso excesivo de la fuerza a través de la Policía”.

 

“El Gobierno debe combatir a la verdadera delincuencia que extorsiona y asesina a quienes defendemos los derechos laborales, que son también derechos humanos”, finalizó Villanueva Carbajal.

 

A su turno, la abogada Mar Pérez, representante de la CNDDHH, hizo un llamado a la unidad de los trabajadores y la sociedad civil organizada “sobre cuyas espaldas se ha construido este modelo que ha dado resultados desastrosos”.

 

Afirmó que “cuando se criminaliza a los dirigentes como represalia por su labor” se afecta “la médula misma de la democracia, porque son los defensores de derechos humanos los que hacen que la democracia pueda funcionar, parándose frente a las autoridades cuando estas cometen abusos”.

 

Señaló que no es una declaración retórica que los sindicalistas son defensores de derechos humanos. “El Estado tiene varias obligaciones; la primera es el respeto. “Algunos funcionarios estigmatizan a los dirigentes como violentos y agitadores, y eso contraviene los estándares internacionales y la obligación de respeto”, informó.

 

Gerónimo López, secretario general de la CGTP, afirmó que una de las prácticas que no deberían existir son las famosas “denuncias penales preventivas” mediante las cuales el Gobierno pretende amedrentar a quienes organizan protestas para que no las realicen.

 

“Lo hicieron con la Juventud de la CGTP en 2014 en las marchas contra la Ley Pulpín, y se hace ahora. Mientras los trabajadores lidian contra el covid-19 y el hambre, los amenaza con la cárcel si salen a protestar. El Gobierno, lejos de reflexionar sobre su política económica que ha generado 7 millones de nuevos desempleados, amenaza”, dijo López Sevillano, y anunció una protesta el miércoles 30 de setiembre en todo el Perú.

 

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Video en este enlace: https://youtu.be/MkEFBAomA6E

Lima, 29 de setiembre de 2020

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