En medio de las serias dificultades generadas por la pandemia del COVID-19, que ha propiciado la paralización de las actividades laborales y el distanciamiento social, la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú realizó la II Asamblea Nacional de Delegados (Online) el 30 de mayo, con la participación de 140 delegados, dirigentes del Consejo Directivo Nacional y los secretarios generales de los sindicatos de construcción civil afiliados a la FTCCP.

La II AND de la FTCCP fue exitosa por su contundente afirmación de la unidad sindical de manera unánime, quienes respaldaron la gestión del Secretariado Ejecutivo Nacional, y aprobaron el informe presentado por el Secretario General Luis Villanueva Carbajal en representación del Consejo Directivo Nacional de la FTCCP, y la aprobación de los 15 puntos del PLAN DE ACCIÓN para la coyuntura.

1. Defensa de la salud y la vida frente a la amenaza del COVID-19.

2. Enfrentar las medidas anti laborales del Gobierno y la CONFIEP.

3. Defender la negociación colectiva y la solución del Pliego Nacional 2020.

4. Demandar la reactivación del sector, para la pronta generación de puestos de trabajo.

5. Defender los derechos laborales en todas las obras que se reinicien a nivel nacional.

6. Adecuar el funcionamiento de la estructura organizacional de la FTCCP al uso intensivo de la tecnología digital.

7. Realizar jornadas nacionales de lucha: el 23 de junio, 18 de agosto, 27 de octubre y 8 de diciembre del 2020.

8. Implementar el protocolo de Bioseguridad y sanidad de la FTCCP.

9. Participar y fortalecer las luchas de la CGTP.

10. Rechazo contundente a la pretensión de cortar los servicios de conectividad (telefonía, internet, celular, etc.), anunciada por las operadoras privadas, situación que perjudica a miles de estudiantes a nivel nacional.

11. Demandar al Gobierno central el otorgamiento de un BONO UNIVERSAL de S/ 1,000 soles para los peruanos sin excepción.

12. Promover la organización, orientación y la participación de los trabajadores, amas de casa en los comités barriales para enfrentar los embates de la pandemia y la política neoliberal que oprime a los más pobres (organizar ollas comunes, comités barriales, etc.)

13. Impulsar y desarrollar la capacitación sindical virtual de la FTCCP y sus bases.

14. Denunciar y rechazar los actos de corrupción que se están dando en los diferentes niveles del Estado y el Gobierno.

15. Seguir desarrollando la participación política de los trabajadores.

LA LUCHA NO ESTÁ EN CUARENTENA

Parecía que la crisis del NUEVO CORONAVIRUS había acallado el descontento social, pero la desigualdad se agranda y la pobreza se agudiza: y el pueblo es la principal víctima de la pandemia.

El 2019 fue un año intenso de la lucha social en Latinoamérica, como lo grafican las masivas protestas que ocurrieron en varios países de la región. Los movimientos de lucha que iban a tener continuidad el 2020, se vieron suspendidas por la pandemia del coronavirus. Sin embargo, la crisis social y económica estructural que las políticas neoliberales no han resuelto, y agravada por la pandemia del COVIT-19, nuevamente en los pueblos de Nuestra América se están activando las protestas, algunas de las cuales ya se están sintiendo, a pesar del aislamiento y las limitaciones al derecho de reunión. Los riesgos aumentan, pero las necesidades de la gente, en un continente castigado por la pobreza y la desigualdad, no pueden esperar. El pueblo, estaría condenándose a morir por el COVID-19 o el hambre, esperando el “Bono”, que los burócratas demoran para distribuir.

23 DE JUNIO: 

JORNADA NACIONAL DE LUCHA

Nuestra II Asamblea Nacional de Delegados, luego de realizar un balance político-sindical, en el contexto de la pandemia del COVID-19, aprobó un Plan de Acción para exigir al Gobierno Central que las medidas para enfrentar al CORONAVIRUS, enfocadas hacia el sector mayoritario del pueblo, que estructuralmente viven marginados de los servicios básicos: sin agua, sanitarios, educación, empleo, etc. De otra parte, los trabajadores formales (25% de la PEA), que han perdido sus empleos desde marzo, sus escasos ahorros se les han esfumado durante los más 80 días de cuarentena.

El alivio económico de la crisis económica ha recaído sobre las espaldas de los asalariados con el dinero de sus CTS, y sus fondos pensionarios en las APF. Mientras que el salvataje económico, con los primeros 30 mil millones de soles, entregados a la gran banca, con interés cero, para reactivar a la pequeña y mediana empresa (MYPES), por los excesivos requisitos y la gran informalidad no han logrado acceso al crédito, siendo favorecidas las grandes empresas que cuenta con dinero suficiente; además se alista otro desembolso de 30 mil millones de soles. Es decir que los sectores empresariales más ricos serán los grandes beneficiarios.

El enrevesado sistema de distribución de “Los Bonos” no está cumpliendo el objetivo; planteamos por ello el BONO UNIVERSAL de S/ 1000.00 para todos los peruanos, que no cuenten con recursos.

Las conquistas se logran si nuestras propuestas van acompañadas de la movilización organizada de los trabajadores y de otros sectores que quieren verdaderos cambios estructurales como la reforma del sistema pensionario; la lucha contra los monopolios en el campo de las comunicaciones, en la industria química farmacéutica y las cadenas de farmacias y boticas en manos de los fabricantes de la medicinas; y sustantivamente el cambio de la Constitución neoliberal que impuso la dictadura fujimorista y que después de 30 años el resultado es la extensiva pobreza, el fortalecimiento de los grupos oligárquicos, cómplices de la corrupción instituida en los estamentos del Estado.

El estado de emergencia y la total “cuarentena”, está durando más de 80 días, y el plan de reactivación de las actividades productivas aún no tiene visos de empezar. La pandemia del Coronavirus se ha acentuado en Perú, ubicándose detrás de Brasil entre los países más afectado del continente, con más de 6 mil fallecidos y 120 mil contagiados.

Las medidas que aplicó el Gobierno de Martín Vizcarra, para contener el coronavirus: como el aislamiento, el distanciamiento social y el cierre de fronteras, han significado un duro golpe para los sectores productivos del país. Cerca de un millón 216 mil 600 peruanos han perdido su trabajo en Lima Metropolitana en febrero, marzo y abril, por la pandemia de la Covid-19. Según la encuesta Ipsos, el 41 % de los peruanos han perdido sus empleos.

Sobre las cuatro fases de reactivación de la economía planificadas por el Gobierno Central, solo las grandes empresas pueden cumplir con los protocolos de bioseguridad debido al alto costo; como en el caso de las pollerías, donde las grandes cadenas sí pueden vender por delivery.

El sector Construcción es el más afectado por la paralización de las actividades económicas, se calcula una reducción del 30% durante el presente año, lo que representará la afectación de un 40% de empleos directos, la quiebra de una proporción similar de empresas constructoras y la imposibilidad de cumplir con los objetivos de inversión, tanto pública como privada, en los próximos años.

El 30 de abril de 2020, la Federación de Trabajadores de Construcción Civil del Perú (FTCCP), la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO), la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú (ASEI) y la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI Perú) solicitaron al Ejecutivo el reinicio de las obras de construcción, tanto de edificaciones como de infraestructura, en el marco de un estricto cumplimiento de los protocolos sanitarios.

Es importante señalar que estas iniciativas tuvieron buen resultado, porque la construcción fue incluida como una de las actividades a implementarse desde la I Etapa de la reactivación de las actividades económicas, y se ha publicado las relaciones de las obras de Infraestructura, saneamiento y carreteras que se reiniciarán.

El SISTEMA DE SALUD PÚBLICA HA COLAPSADO

El mal manejo de la pandemia del COVID-19, que sigue cobrando la vida de los asegurados, médicos, enfermeros técnicos, en ESSALUD, por falta de equipos de protección personal (EPP), carencia de camas UCI, ventiladores y oxígeno.

De otro lado, ni que decir de los hospitales de la Policía Nacional del Perú, Marina, Ejercito, donde se vienen elevando los contagiados a nivel nacional. En los policlínicos de la Policía, hay una preocupación para que todos los efectivos policiales pasen la prueba rápida, la idea es que el 100% de los policías que tienen labores operativas en las calles haciendo respetar la emergencia sanitaria, manteniendo el orden y aislamiento, pasen estas pruebas rápidas, y salgan a trabajar, exponiendo sus vidas.

Por lo que hay que fiscalizar las políticas sanitarias del Gobierno nacional en el marco de la cuarentena, pues sabemos que, por su orientación de clase, aprovecharía la pandemia para implementar políticas anti laborales, como ya viene sucediendo; es nuestro deber orientar la lucha política y reivindicativa de los trabajadores y el pueblo organizado para impedir que los pobres sean los que carguen el peso de la crisis.

Es vital que las fuerzas progresistas, antiimperialistas y socialistas de América Latina nos unamos en la acción, para impulsar un nuevo orden social internacional, opuesto a la “nueva normalidad” a la que nos pretende encasillar el poder de la oligarquía neoliberal y el imperialismo para seguir explotando a los trabajadores con la flexibilización laboral injustos sistemas pensionarios, que ahondan el empobrecimiento de los pueblos. 

Por todo ello la FTCCP, ha convocado a todas sus bases sindicales a participar de manera activa y contundente en la JORNADA NACIONAL DE LUCHA DEL   23 DE JUNIO, cuyas demandas están en nuestro PLAN DE ACCIÓN.

LUIS VILLANUEVA CARBAJAL

Secretario general de la FTCCP

(Tomado de: https://uitbb.org/es/peru-ftccp-in-the-fight-for-the-eradication-of-neoliberalism-and-covid-19/)

Durante toda la cuarentena por el Covid-19, el Gobierno se ha mostrado insensible con los trabajadores, ha hecho caer sobre sus hombros la carga de la pande­mia y les ha hecho gastar su fondo de pensiones o su CTS, y ha brindado montos irrisorios en bonos a una parte de la población, mientras al sector empresarial se le ha otorgado 60,000 millones de soles para su reactivación.

Con la mitad de este monto se puede brindar un bono de mil soles a todos los peruanos para mantenerse con vida. Justamente esa es la demanda que los trabajadores planteare­mos al Gobierno este 23 de junio en una jornada nacional de lucha: que se haga realidad un verdadero Bono Universal de mil soles para todos los peruanos para enfrentar el desempleo y la hambruna crecientes.

En el ámbito de la construc­ción, el Gobierno prometió desde la Fase 1 la reactivación de más de 50 grandes obras como la del aeropuerto Jorge Chávez en el Callao, la Línea 2 del Metro de Lima, el puerto de Salaverry en La Libertad, el puerto de San Martín en Pisco, entre otras, pero la demora burocrática mantiene en vilo a los cientos de miles de desempleados de la construcción.

Ya en 2019 la inversión pública cayó un 13%. Con la pan­demia, se prevé cerrar 2020 con una nueva caída de 13%. Por eso urge la reactivación de la construcción con un shock de inversiones, lo que redundará en la recuperación de más puestos de trabajo.

Hacemos un llamado a la SUNAFIL, Ministerio de Trabajo, Gobiernos regionales y municipalidades a impulsar la fiscali­zación de los protocolos de seguridad y los derechos laborales, pues la informalidad en el sector supera el 75%, lo que con­dena al grueso de los trabajadores a sobrevivir con salarios disminuidos, sin aportar a un seguro de salud o a un fondo de jubilación.

Los trabajadores también saldremos a las calles a protestar por la deficiente atención en salud para los peruanos. Exigimos la consolidación de un sistema de salud que atienda las necesi­dades de todos los peruanos; la eliminación de los monopolios farmacéuticos y los privilegios a las clínicas que abusan del libre mercado para lucrar con la salud de las personas; igualmente, rechazamos la amenaza de recorte de los servicios básicos por falta de pago. El aislamiento social, la paralización de la econo­mía, no tienen visos de recuperación inmediata si el Gobierno continúa manteniendo los privilegios de los ricos.

Estas son algunas demandas que llevaremos a las calles. En Lima, la concentración será desde las 10 de la mañana en la Plaza Dos de Mayo.

(Tomado del diario UNO, 15 de junio de 2020)

 Gracias a la lucha de los sindicatos afiliados a la Fe­deración de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP) en todo el país y las coordinaciones a nivel de Gobierno se ha logrado incluir en el “Bono Familiar Universal” a una parte de los trabajadores en cons­trucción civil y sus familias.

Este logro, que debió beneficiar a las familias de los 450,000 trabajadores de construcción civil, lamentablemente, por la insensibilidad mostrada por el Poder Ejecutivo, solo cubrirá a parte de ellos, pues por las restricciones propias del “Bono Familiar Universal”, muchos no podrán acceder a este an­siado apoyo.

Entre las múltiples restricciones se encuentra el hecho de que alguien de la familia haya recibido beneficios con otros bonos establecidos con anterioridad, pero la categoría “familia” que maneja la RENIEC y el MIDIS está basada en un modelo que no corresponde con la realidad de todos los peruanos.

Muchos peruanos viven haci­nados dentro de una misma casa y otros migran incluso dentro de sus mismas regiones por indepen­dencia, trabajo o estudio, entre otras razones. Esa realidad no es posible censarla, porque cambia cada día. Por ello, existen hogares extensos y hasta multifamiliares que reciben un solo bono como también hay hogares unipersonales o de pocos miembros que no salen aptos porque algunos de sus familiares beneficiados en alguna parte del país lo impide sin saberlo.

Estas son algunas razones por las que, si bien se han inclui­do a decenas de miles de trabajadores de la construcción en este “Bono Familiar Universal”, existen otros miles que serán excluidos. Y los incluidos, deberán solventar con 760 soles las deudas acumuladas desde el inicio de la inmovilización social y el tiempo restante de esta cuarentena de 107 días: a razón de 7 soles diarios por “familia”. Deberían repensarse estas restricciones para otorgar un verdadero Bono Universal.

Esta realidad difícil para los trabajadores del sector se mantendrá durante la cuarentena, pues la Fase 1 de la reac­tivación de la construcción solo empleará a cerca de 18,000 trabajadores, y las medidas restrictivas de tránsito y trabajo se mantendrán, por lo menos, hasta junio de 2021, como ha anunciado el Gobierno. Por eso, se necesita un verdadero Bono Universal para todos.

El 30 de mayo, se realizará la Asamblea Nacional de Delegados de la FTCCP. Cientos de dirigentes sindicales de construcción de diversas partes del país participarán de esta asamblea ‘on­line’, acatando las medidas de distanciamiento social. En esa asamblea, haremos un balance de la problemática del sector construcción y del país en esta cuarentena, y adoptaremos medidas para su solución desde el punto de vista de la lucha sindical en todo el Perú.

(Tomado del diario UNO, 29 de mayo de 2020)

 

Alcance. El presidente Martín Vizcarra indicó que se destinarán más recursos si se identifica a más familias que necesitan apoyo económico. Especialistas exhortan a ampliar monto del subsidio.

El presidente de la República, Martín Vizcarra, señaló que el padrón del bono universal podría ser ampliado si es que luego de entregar el subsidio de S/760 a los 6,7 millones de hogares previstos se identifica que hay más familias que quedaron fuera y necesitan un apoyo económico.

“El objetivo es que el bono atienda a las familias que lo necesitan y vamos a hacer todo el esfuerzo para que así sea. Si no son 6 millones 700 mil y se identifica a 7 millones y medio de hogares, haremos el esfuerzo para dar los recursos necesarios para que este bono llegue a los que realmente lo necesitan”, precisó el mandatario.

Por su parte, la ministra María Alva de Economía y Finanzas señaló que se destinarán los recursos adicionales que sean necesarios para cubrir el excedente de hogares identificados “Tenemos la capacidad de hacerlo por nuestra solidez económica y vamos a trabajar en esa línea”, manifestó.

Para el economista e investigador principal de Grade Eduardo Zegarra, además se debería anunciar una ampliación del monto de subsidio, que resulta insuficiente para el tiempo de paralización. Y que incluso el Gobierno debería estar previendo más entregas durante todo el año.

“Es totalmente insuficiente S/760 para 3 meses, son S/220 mensuales para una familia. No alcanza para nada. Se debería ya pensar en que la entrega del bono sea 3 o 4 veces este año. Es un tema muy grave por el deterioro y caída del ingreso de la gente, esto no se va a resolver de la noche a la mañana”, enfatizó.

Agrego que se debería aprovechar que ya se tiene identificadas a gran parte de las familias para unificar los padres en un solo mecanismo.

“No podemos seguir los mismos errores: hay 4 bonos, 4 plataformas y cero información. Además de la poca participación de los bancos”, exhortó.

Transparencia del pago   

Vizcarra también detalló que a la fecha ya se pagaron los bonos a 3,4 millones de hogares, de los 5 millones previstos hasta fin de mes. “La meta es atender en esta semana a 1,5 millones de hogares que faltan”, acotó.

Al respecto, Zegarra señaló que es fundamental que el Gobierno transparente cuántos bonos se otorgaron por regiones o distritos, para que la ciudadanía puede hacer un seguimiento del alcance del subsidio.

“De la meta de casi 7 millones de familias, quiere decir que la mitad aún no ha recibido ninguna ayuda en casi 3 meses sobre todo de zonas rurales. El ritmo de entrega ha sido 1 millón por mes”, concluyó.   

Exigen bono para obreros de construcción

Ayer los obreros de construcción civil realizaron un plantón exigiendo ser incluidos en el padrón de beneficiados del bono universal. “Somos más de 450 mil obreros a nivel nacional que no tenemos ingresos y no hemos recibido ninguno de los bonos ni el 1% de nosotros”, manifestaron.

(Tomado del diario impreso La República, 26 de mayo de 2020)

 

Durante esta cuarentena por el Covid-19, los obreros de construcción civil hemos realizado múltiples protestas en diversas regiones del país para exigir que se nos incluya como beneficiarios en los bonos otorgados por el Gobierno, en apoyo de las poblaciones vul­nerables para contrarrestar las consecuencias del aislamiento social obligatorio.

Es un pedido lógico, pues desde los primeros días de la cuarentena había sido aprobado en el directorio de SENCICO un préstamo de S/ 111 millones para otorgar un apoyo a los obreros en construcción, el mismo que los empresarios se han comprometido devolver desde junio de 2021. Es decir, no se afectaría el dinero de los peruanos.

Han pasado semanas de pro­testas para que, en una reciente sesión de la Comisión de Vivien­da del Congreso de la República, el ministro de Vivienda, Rodolfo Yáñez, recién señale que está en manos del Ministerio de Econo­mía la distribución de este monto.

La desatención y el olvido del Gobierno hacia los traba­jadores de construcción civil y sus familias son inhumanos, porque están sufriendo de hambre y miseria.

Por eso, los trabajadores en construcción civil estamos demandando en la actualidad que el Ministerio de Desa­rrollo e Inclusión Social (MIDIS) nos incluya en el padrón del bono universal, porque, por características propias de nuestra realidad laboral, no calificamos para ninguno de los programas de apoyo social que ha instaurado el Gobierno hasta la fecha.

El sector construcción civil está incluido en la Fase 1 de la reanudación de las actividades económicas, pero esta medida solo beneficiaría a un reducido número de trabaja­dores, por lo que más de 400,000 seguirán en el desamparo. El bono universal para construcción civil es una demanda razonable y urgente.

Pensando en el futuro de los trabajadores, hemos enviado al Gobierno una propuesta para consolidar un sistema de pensiones de carácter público y unificado con un directorio tripartito que absorba al Sistema Nacional de Pensiones, al Sistema Privado de Pensiones y Pensión 65, entre otros, así como la restitución del derecho a la jubilación con 15 años de aportes en construcción civil, derecho conculcado por la dictadura fujimorista en los años 90.

(Tomado del diario UNO, 15 de mayo de 2020)

 

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