Por, CESAR LÉVANO

Estuve ayer en el acto con que se celebró el Día de los Trabajadores de la Construcción, y que fue también un acto de dolor y de protesta por el asesinato de otro dirigente de la Federación, Aníbal Ruiz Díaz, acribillado a balazos el lunes 21 en Barranca.

Ese crimen forma parte de una serie de asesinatos de dirigentes del gremio del ladrillo y el andamio. Esta cadena empezó con el estímulo –la autoría intelectual– del entonces presidente Alan García, quien reunió en Palacio a un grupo de renegados del gremio y le encargó crear sindicatos paralelos, con la garantía de que le serían encargadas todas las obras del gobierno.

La idea era eliminar dirigentes y destruir la Federación.

Para mala suerte de los malhechores, estos reclutaron sobre todo a delincuentes de los barracones que ignoran lo que es trabajar.

Esos “sindicalistas” se han dedicado a extorsionar empresarios y matar trabajadores.

Si la ola de crímenes continúa es porque cuenta con la impunidad.

Nuestro diario informó ayer que la policía había capturado a los presuntos asesinos de Ruiz Díaz. También en esto la historia vuelve a repetirse. La policía detiene, pero el Poder Judicial libera.

El poder central, el Ejecutivo, bien, gracias.

En alguna ocasión hemos expresado, a la vista de esta matanza ininterrumpida, que cuando la impunidad se prolonga se reviste de complicidad.

En ningún otro sector de la sociedad se manifiesta tanto como en construcción civil la inseguridad ciudadana.

Ayer, en su discurso conmemorativo, Mario Huamán, Secretario General de la Federación, expresó: “El presidente Humala ha dicho que ‘el chorreo es inmoral’. Estamos de acuerdo con ello. Pero decimos que también es inmoral liquidar la negociación colectiva de los trabajadores públicos y profundizar el recorte de derechos de millones de trabajadores de pequeñas y medianas empresas”.

Huamán exaltó el hecho de que su gremio es el único que tiene el derecho de la negociación colectiva por rama, que ha permitido aumentos de salarios y mejores condiciones de trabajo.

Anotó luego que esa conquista lograda en 1962 y arrebatada por Fujimori en 1996, se recuperó en el 2001, y ahora está en peligro por obra “de los sectores más corruptos del Apra, encabezados por el expresidente García”.

Concluyó Huamán con esta advertencia: “De no ponerse coto (a los asesinatos), nos veremos obligados a realizar un paro nacional contra la delincuencia y la impunidad”.

En mi salutación señalé que Construcción Civil es un baluarte del sindicalismo y de todo el pueblo. Por eso lo atacan. Y esto obedece a órdenes del imperio asustado por el avance de la izquierda y las fuerzas progresistas en Nuestra América.

 

La FEDERACIÓN DE TRABAJADORES EN CONSTRUCCIÓN CIVIL DEL PERÚ (FTCCP) deplora la muerte de su dirigente c. Aníbal Ruíz Díaz, asesinado por sicarios, en momentos que se encontraba caminando por una de las calles de la ciudad de Barranca, realizando sus labores sindicales.

Ruiz Díaz venía enfrentando a las mafias que asolan el norte chico y que meses atrás asesinaron a otro dirigente de la Federación, c. Gilmer Castro, en el distrito de Paramonga y a dos trabajadores en el distrito de Sayán. De este último asesinato se acusa al dirigente de la central sindical aprista Carlos Roncagliolo, alias “colchón”, como el responsable de las muertes, y que hoy se encuentra preso por casos de extorsión, tras un largo seguimiento de la policía especializada.

La FTCCP exige a las autoridades el esclarecimiento de estos asesinatos selectivos, debido a que los crímenes son efectuados contra dirigentes que públicamente enfrentaban a la delincuencia en las diversas ciudades del país. Asimismo, denuncia que estas acciones criminales se realizan aprovechando la corrupción en diversas entidades del Estado, cuyos funcionarios protegen a estas organizaciones delictivas.

Asimismo, reitera su compromiso de seguir luchando dentro del marco de la ley contra las mafias con la finalidad de proteger a los trabajadores y sus familias, además de defender los puestos de trabajo para los verdaderos trabajadores en construcción civil.

SECRETARÍA DE PRENSA Y PROPAGANDA DE LA FTCCP

Lima, 21 de OCTUBRE de 2013

NP-FTCCP- 031

- Es una medida, aprobada por la Asamblea Nacional de Delegados y Delegadas de la CGTP, y cuenta con el respaldo de diversas organizaciones sociales organizadas en el Comité Nacional Unitario de Lucha (CNUL)

- Se denomina Paro Nacional Cívico y Popular, porque los trabajadores, los ciudadanos y el pueblo, realizarán un conjunto de acciones de protesta, el 26 de setiembre en todo el territorio nacional; con la finalidad de exigir al Presidente, Ollanta Humala, la solución de los diversos problemas sociales y laborales, que aquejan a la mayoría de peruanos y peruanas.

- Asimismo, exigiremos una lucha frontal contra la inseguridad ciudadana,  la violencia que afecta principalmente al sector construcción civil y la lucha contra la corrupción.  

¿Cuáles son las razones para participar en el Paro Nacional Cívico Popular?

1. El incumplimiento de los compromisos electorales del Presidente, lo que ha provocado hasta el momento el despido de más de tres mil trabajadores por razones sindicales, el congelamiento de los salarios, los sueldos y las pensiones, los cuales siguen siendo los más bajos de la región.

2. Las medidas anti-laborales del Gobierno de Ollanta, pone en peligro derechos conseguidos en años de lucha, como es la Negociación Colectiva por Rama de construcción civil, la que permite a los trabajadores, obtener cada año aumentos salariales y otros derechos. La eliminación de la negociación colectiva, es un objetivo de los sectores políticos de la derecha y de la delincuencia.

3. Se mantiene la política antilaboral fujimorista, continuada por el Gobierno de García y de Ollanta Humala, que se basa en el incremento de las ganancias empresariales, por medio de la explotación de los trabajadores y trabajadoras.

4. La precarización del trabajo, se da principalmente en los sectores textiles, los agroexportadores, las mypes, las trabajadoras del hogar, la tercerización, las contratas, la services y otras modalidades de explotación.

5. Según la OIT, el 85% de la población económicamente activa  (PEA) que asciende a 15 millones, no tiene los derechos fundamentales que es: la libertad sindical, la negociación colectiva y derecho de huelga. Es decir, en los próximos años el 100% de los trabajadores no gozarán de derechos laborales.

6. No hay decisión del Gobierno de aprobar y promulgar la Ley General del Trabajo, que regule las relaciones de los trabajadores públicos, privados y autónomos.

7. En el plano social, se ha dejado de lado la recuperación del Gas de Camisea y su masificación en el mercado nacional.  Además de incumplirse la promesa de la construcción del Gaseoducto Surandino y el Polo Petroquímico. Esto tiene impacto en el costo de la energía, para las familias.  Tanto para el uso de las conexiones domiciliarias y transporte, las cuales tienen que pagar un alto precio por el combustible que consumen.

8. No existe por parte del gobierno la defensa de las Empresas Estratégicas como: los puertos, el agua y los recursos naturales.  

Principales demandas del Paro Nacional

1. Demandamos al gobierno, un cambio de rumbo en la política económica y social.  Exigimos la renuncia del Ministro de Economía, por ser el responsable de estas medidas antilaborales que afectan los intereses de los trabajadores y el pueblo.

2. Exigimos una lucha frontal contra la delincuencia principalmente en el sector construcción civil y respeto a la negociación colectiva por rama.

3. Exigimos el incremento de los sueldos, salarios y pensiones; la derogatoria de la Ley del Servicio Civil, la derogatoria de la Ley MYPES, la no aprobación de la Ley Universitaria, sin el previo consenso. Demandamos la defensa de las Leyes de Seguridad y Salud en el Trabajo y la que crea el Sistema de Fiscalización Laboral, entre otros.

4. Urgen que las reformas que se pretenden aplicar en el sector estatal se efectúen con la participación de los trabajadores. En el plano político se necesita reestructurar los poderes del Estado con la finalidad de ponerlos verdaderamente al servicio de la ciudadanía, lo que se debería iniciar con la discusión de una nueva constitución.

5. Por lo que demandamos una nueva Constitución, un nuevo modelo económico y una política social, que privilegie la  salud, la educación, la justicia y seguridad ciudadana.

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