El gobierno de Ollanta Humala, olvidando sus ofertas electorales en favor de las grandes mayorías a continuado por el camino de la sumisión a las recetas económicas dictadas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, tal como lo hicieron sus antecesores: Fujimori, Toledo, Alan García, que han llevado al país al colapso económico, político, social y moral.

El Gobierno continúa profundizando la precarización del empleo, facilita el despido arbitrario, legitima los ceses colectivos encubiertos y debilita aún más la acción del Ministerio de Trabajo, además de reducir los salarios y volver más compleja la defensa de los trabajadores; es decir que Ollanta Humala defiende los intereses de los gremios empresariales y del gran capital extranjero, quienes obstinadamente exigen drásticas medidas para eliminar todos los derechos laborales y destruir a los sindicatos.

Así, el 20 de noviembre se aprobó el D.S. 013-2014-TR, que prioriza la rentabilidad del negocio por encima del derecho al trabajo al brindarle al empleador la facultad de aplicar un cese colectivo si no ha obtenido utilidades durante tres meses.

Como han manifestado destacados juristas, esta norma es ilegal porque contraviene el Decreto Legislativo 728, no obstante el gobierno persiste en brindarles mayores ganancias a los empresarios, no por eficiencia, sino precarizando el empleo.

Ante esta situación los trabajadores en construcción civil exigen la derogatoria del Decreto Supremo 013-2014-TR y junto a la CGTP desarrollarán jornadas nacionales de lucha.

El secretario de prensa de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú, Rubén Olivares, durante su intervención en la VII Asamblea Nacional de Delegados afirmó categoricamente que: "La delincuencia organizada y las extorsiones siguen azotando el sector de construcción civil. Los seudo-sindicatos integrados por delincuentes siguen operando con impunidad y atacan a trabajadores y empleados".

"Nosotros demandamos y exigimos medidas más eficaces, como la eliminación de los registros de los sindicatos delincuenciales, y mayor compromiso de las Fiscalías y Juzgados Supra Provinciales para la lucha contra el crimen organizado y que se termine la impunidad, encarcelando a los autores intelectuales y materiales de las extorsiones y asesinatos".

"Una buena noticia para los trabajadores y para el pueblo peruano en su conjunto ha sido la aparición en el escenario político de los jóvenes bregando por la defensa de sus derechos laborales" enfatizó Mario Huamán, Secretario General de la CGTP y de la FTCCP, en la VII Asamblea Nacional de Delegados de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú realizada en Lima, durante los días 20 y 21 de febrero de 2015.

En representación de 116 Sindicatos del país concurrieron cerca de 300 delegados plenos a la VII Asamblea Nacional de Delegados convocada por la FTCCP para debatir los temas señalados en la Agenda: El informe político sindical y de gestión del Consejo Directivo Nacional; la Propuesta del Pliego Nacional de Reclamos 2015,  la Convocatoria al XXVI Congreso Nacional Ordinario de la FTCCP para los días 17 al 20 de junio del año en curso, entre otros puntos que fueron planteados como mociones de los delegados nacionales. Se acordó unitariamente la movilización nacional para el día 8 de abril en defensa de la negociación colectiva por rama.

 

Con la finalidad de acordar acciones para enfrentar a las mafias y organizaciones criminales, que no sólo afectan al sector de la construcción sino a otras actividades económicas, la CGTP y la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP), MININTER, MINTRA, PNP, CAPECO, CCL en reunión realizada el 9 de febrero, acordaron lo siguiente:

  1. Crear una unidad especializada en el SUNAFIL dedicada a temas de construcción civil, la misma que en coordinación con la PNP, realice inspecciones en las diversas obras.

2. El MTPE y el MININTER elaborarán proyectos de ley, para que se implementen medidas de prevención y sanciones contra la violencia en construcción civil.

3. De conformidad con la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, el Ministerio de Trabajo no aceptará los proyectos de convenios colectivos que presenten los seudo sindicatos de construcción civil.

4. En diez días, el MTPE iniciará la presentación de demandas, solicitando la cancelación de registros de los seudo sindicatos comprometidos con la delincuencia.

5. Promover un sistema de bancarización de las cuotas sindicales.

  La CGTP y la FTCCP saludaron el compromiso de las organizaciones participantes y el de tomar en cuenta muchas de las propuestas presentadas por ambas organizaciones sindicales.

Hoy se realiza en todo el Perú la marcha con que los jóvenes exigen la derogación de la ley de empleo juvenil. La ley, propugnada por los ideólogos del neoliberalismo y, aunque el gobierno lo niegue, por la gran empresa, es un intento torpe de privar de derechos a los trabajadores jóvenes.

Basta señalar que el texto niega a los jóvenes la compensación por tiempo de servicios, las gratificaciones y la asignación familiar, reduce a 15 días las vacaciones anuales y elimina la estabilidad en el empleo. El empleo precario amplía así su dominio, dañando a los jóvenes.

El reglamento publicado por el régimen mantiene esos dispositivos e intenta un agregado engañoso, al establecer la participación en las utilidades. Lo cierto es que, por mandato constitucional, ningún reglamento puede modificar la ley. La otra cara de la artimaña es que grandes empresas suelen aducir que no tienen utilidades.

Fredy Otárola, ministro de Trabajo, y otros voceros oficiales afirman que la ley busca reducir la informalidad en el empleo. En realidad su objetivo es trasplantar los bajos salarios y la ausencia de derechos que campean en la informalidad a un marco legal.

Otro lado del texto que también resulta inconstitucional es que, violando el artículo 103, legisla, no por la naturaleza de las cosas, sino “por razón de la diferencia de personas”. En este caso por la edad.

Los animadores de la protesta juvenil han indicado que la marcha de hoy no solo es una jornada contra la ley malhadada, sino también un acto de recordación de la conquista de la jornada de ocho horas en el Perú.

En efecto, el 15 de enero de 1919, tras un enérgico y masivo paro general de los trabajadores, al que se adhirieron incluso los policías, el presidente José Pardo se vio obligado a reconocer por decreto ese derecho, por el cual las masas obreras y campesinas habían combatido a partir del Primero de Mayo de 1905, cuando el dirigente panadero Manuel Caracciolo Lévano, mi abuelo, lanzó un llamado para luchar por esa y otras conquistas.

Me alegra que más de uno de los jóvenes dirigentes, varias chicas entre ellos, hayan precisado así que en el horizonte de su demanda actual se proyecta también el pasado de lucha y de conquistas. Eso significa que el impulso histórico que amaneció en 1905 perdura y se renueva.

Por eso también resulta aleccionador que la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) y otras centrales sindicales se hayan adherido a la marcha de hoy. Diversas organizaciones laborales independientes, así como los despedidos de la Municipalidad de Lima, han anunciado su participación. (César Lévano, Diario Uno)

 

• La CGTP y la FTCCP demandan anulación de registros sindicales de las organizaciones que sirven de fachada a la referida organización criminal.

• Exigen al Poder Judicial evitar la liberación de los delincuentes y demandan a las autoridades efectuar las acciones legales para proceder a sentenciar a los referidos malhechores.

La Federación de Trabajadores en Construcción Civil (FTCCP), base de la CGTP, saluda la desarticulación de la organización criminal "Los Malditos del Sur'', mafia responsable de asesinatos y extorsiones en Cañete. Cabe mencionar, que desde hace años nuestra Federación viene denunciando el accionar de esta banda de delincuentes, quienes usando la fachada de sindicato de construcción han incrementado la violencia y la inseguridad ciudadana en el Sur Chico.

Saludamos a la Policía Nacional por el éxito del operativo y esperamos que el Poder Judicial no los libere, como ha ocurrido en otros casos. Asimismo, demandamos a las autoridades la anulación de los registros sindicales otorgados a esta mafia y así evitar que sigan siendo utilizados por otros delincuentes.

Por otro lado, exigimos la misma efectividad que han demostrado las autoridades en este caso también se concrete en otras ciudades del país, donde el crimen organizado sigue profundizando la violencia y arremete contra la ciudadanía, sometiendo la dinámica social, económica de las regiones y la legalidad a sus intereses, como ocurre en Tumbes, Trujillo, Chiclayo, Pativilca, Barranca, Huacho, Callao, Lima, Chincha, entre otros.

Finalmente, consideramos que la opinión de algunos empresarios en la CADE 2014 afirmando que sólo el Estado y el sector privado podrán frenar la inseguridad ciudadana no ayudará a obtener resultados efectivos, como el logrado en Cañete. La realidad demuestra que sólo una lucha integral y unitaria de todos los actores sociales (Estado, empresa, trabajadores y sociedad civil) logrará derrotar a la delincuencia.

Lima, 19 de noviembre de 2014

SECRETARIADO EJECUTIVO DE LA FTCCP

El 2 de noviembre en una nutrida asamblea, donde participaron más de 800 obreros y obreras del Sindicato de Trabajadores en Construcción Civil de la Región Loreto, se dio inicio al proceso eleccionario para la nueva junta directiva cuya fecha de votación será el 14 de diciembre del 2014.  En la asamblea sindical se eligió al comité electoral, integrado por: presidente Antonio Ramírez López, secretario Robert Rengifo Torres, tesorero Edgardo Gonzales Chota, primer vocal Héctor Icomena Silvano y segundo vocal Herminio Gonzales Valdez.

El domingo 16 se aprobó el reglamento electoral que garantizará una participación transparente y democrática de los trabajadores para elegir a sus dirigentes; en ésta reunión estuvo presente el secretario de organización de la FTCCP c. Luis Villanueva

La democracia sindical desde las bases fortalece a la FTCCP y al movimiento sindical clasista.

Los grandes empresarios del Perú han presentado una propuesta que busca reducir al mínimo los derechos de los trabajadores, con el pretexto de reducir la informalidad en el empleo. La receta ha sido importada del Banco Mundial y el FMI, y es la que se ha aplicado en España, Grecia, Irlanda y otros países, con el resultado de un desempleo de millones y una economía que se viene abajo, por obra precisamente de la ausencia o disminución de ingresos.

La experiencia demuestra que atentar contra los derechos laborales, que son también derechos humanos, resulta un remedio peor que la enfermedad. Si el empleado tiene los bolsillos vacíos, ¿con qué diablos va a comprar en el mercado?

La gran empresa se ha equivocado de siglo. Quiere retroceder al XVIII. Desde el dictador, asesino y ladrón Alberto Fujimori se ha suprimido, de hecho, la jornada de ocho horas, conquistada con luchas a partir de 1905. La fórmula patronal ahora propuesta busca reducir las vacaciones a siete días, rebajar la indemnización por despido, así como las gratificaciones de 28 de Julio y Navidad.

Por si fuera poco, propone igualmente congelar el sueldo mínimo, que es de 750 soles mensuales, o sea 25 soles por día. Este aspecto del abuso social fue, como se recuerda, defendido por Nadine Heredia, con lo cual causó la caída del entonces presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva.

Pues bien, la estadística oficial indica que el 42.5 por ciento de los trabajadores del área urbana perciben sueldos inferiores al mínimo. Si se tiene presente que el empleado de las ciudades gasta buena parte de su ingreso en cuatro o más pasajes diarios, se impone la deducción de que con las justas puede comprar un kilo de pollo, que cuesta nueve soles. Y la mitad de esa población ni siquiera puede aspirar a ese trozo pollero.

Los empresarios retrógrados y los gobernantes que los representan saben que el 70 por ciento de los trabajadores del país labora en el sector informal, que, gracias a este gobierno, abarca incluso a la mediana empresa y parte de la grande.

La merma del sector formal se debe a las mismas recetas fondomonetaristas que hoy se quiere aplicar en sus métodos más extremos. El neoliberalismo ordenó abrir de par en par nuestro mercado al producto extranjero. Esa medida cerró fábricas que antes poblaban, por ejemplo, las avenidas Argentina y Colonial de Lima.

Los especialistas recuerdan que Fujimori introdujo recortes en los derechos laborales a fin de producir una mayor formalización. Como se ve, no pasó nada, salvo en el crecimiento de la pobreza, el hambre y el abuso.

Tienen razón, pues, los trabajadores que hoy marchan para defender sus derechos, que son también los del país.

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