“La crisis no se resuelve con balas, sino con el cumplimiento del mandato popular”

(27/12/2022) Debemos estar alertas ante la represión, el terruqueo y la criminalización de la protesta, señala Luis Villanueva Carbajal, secretario general de la FTCCP

¿Qué opina construcción civil de la protesta y represión actual?

Rechazamos la actitud represiva de este gobierno cívico militar que no solamente ha asesinado a 27 peruanos, que han expresado sus demandas de elecciones adelantadas en abril de 2023 y no 2024, contrario a lo aprobado por el Congreso y señalado por Dina Boluarte, sino que, además, está tildando de terroristas a todo aquel que sale a protestar en las calles, y los medios de comunicación están haciendo coro de este terruqueo, una vieja práctica.

 ¿Cuál es el camino para el adelanto de elecciones en 2023?

Los trabajadores, a través de la CGTP, propusimos un proyecto de ley para adelanto de elecciones en abril de 2023, de tal manera que el mandato presidencial terminara el 28 de julio del mismo año, pero como el Congreso y los organismos electorales le han dado la espalda al pueblo, manteniendo a Boluarte en la presidencia de la República, ahora lo que queda es demandar su renuncia, lo que aceleraría un adelanto de elecciones. Además, gran cantidad de la población lo espera, más del 50%. Pero no debemos olvidar que necesitamos también un proceso constituyente pensado en los peruanos y no en los oligopolios y transnacionales. La salida es esa.

¿Continuará la protesta en las calles?

Definitivamente. El descontento es nacional. Respaldamos a los peruanos que expresan su voluntad, sus demandas en todo el Perú, lo que constituye una práctica democrática, pero hacemos un llamado a que estas se realicen sin violencia, sin caer en las provocaciones de los infiltrados, que, de acuerdo a videos propalados en redes sociales, azuzan a la gente. Las protestas se convocan con una naturaleza pacífica, pero es también la acción de la represión policial y de las fuerzas armadas las que enervan el ánimo de los manifestantes. Dicho esto, rechazamos la criminalización de la protesta. Escuchamos muchos periodistas quejándose de la toma de carreteras, pero no del asesinato de peruanos, como si la pena de muerte por tomar carreteras estuviera permitida en el Perú. Aunque, como hemos visto, la vida en el Perú es un falso derecho, un derecho conculcado en la práctica por el Gobierno.

¿Estamos en un gobierno cívico-militar?

Es evidente el protagonismo que tiene las fuerzas armadas en este gobierno, lo que podría suponerse como una participación incluso en la toma de decisiones. Además, desde el estado de emergencia decretado, se incrementó el número de muertos y heridos y aparecieron los casos de manifestantes asesinados en protesta con balas lanzadas directamente al cuerpo. Hemos escuchado a especialistas en derechos humanos hablar sobre que el único caso en que las fuerzas del orden pueden disparar a matar es para salvar una vida, no para desbloquear una carretera o dispersar una multitud, ni para defender un aeropuerto. Eso constituye crímenes de lesa humanidad y por eso Dina Boluarte y sus ministros han sido denunciados por genocidio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La crisis no se resuelve con balas, sino con el cumplimiento del mandato popular, el soberano que está por encima de toda ley.

¿Un último mensaje a la clase trabajadora?

El estado de emergencia decretado por el gobierno constituyó una ventana abierta a la represión desmedida, que permitió que los instrumentos de la represión del Estado dejen el saldo de 27 asesinados y cientos de heridos y, como en el tiempo de la dictadura fujimorista, allanen locales institucionales y se persiga organizaciones sociales y políticas. Además, a través de los servicios de inteligencia, en la DINI específicamente, se cuenta hoy con especialistas en terruqueo y persecución de dirigentes, como el actual jefe de la DINI, Juan Carlos Liendo, exoficial del SIN de Vladimiro Montesinos. Frente a todo eso, hay que estar alertas.