Por: Luis Villanueva Carbajal

Secretario general de la FTCCP

 

Los que se oponen a la Asamblea Constituyente en el Congreso han aprobado, desde la Comisión de Constitución, cambios a 53 artículos de la Carta Magna; es decir un cambio del 25% de la Constitución, para controlarlo todo. 

Los trece que votaron a favor de este dictamen en la Comisión de Constitución provienen de FP, AP, AvP, APP, SP, RP; es decir, el sector que perdió las elecciones de 2021 quiere darle más poder al Congreso por encima del Poder Ejecutivo.

Los trabajadores rechazamos estos cambios a la Constitución hechos a la medida de los golpistas, al caballazo y sin consulta popular; este Congreso no ha recibido mandato constituyente, no tiene esa facultad. Un cambio de Constitución debe nacer del pueblo.

Por otro lado, recordamos que, en el referéndum de 2018, el pueblo rechazó la bicameralidad y reelección inmediata, que ahora nos quieren imponer.

La Comisión de Constitución propone que los futuros diputados puedan acusar por infracción constitucional ante el Senado a los miembros del JNE, ONPE y RENIEC, y del BCR y SBS, además del presidente de la República, ministros, TC, JNJ, Corte Suprema, Defensoría, Contraloría, AFP…; es decir, el mundo en sus manos.

Rechazamos también el blindaje que significaría subir de 2 a 3 el número de rechazos de la confianza a un gabinete para disolver el Congreso.

Ahora entendemos mejor el audio de María del Carmen Alva difundido en días recientes donde menciona que la presidenta de la Comisión de Constitución, Patricia Juárez, “iba a sacar una ley” y que “Nosotros”, es decir el Congreso, “no tenemos que desaparecer”, “nosotros vamos a sacar solo al presidente”.

No es un hecho aislado las reformas planteadas a la Constitución, sino un plan que tiene otro momento importante en febrero, en un cónclave miraflorino entre la presidenta del Congreso y miembros de FP, AP, APP, RP, etc., y que fue denunciado por la revista Hildebrandt en sus Trece como una reunión para afinar la vacancia del presidente de la República, Pedro Castillo.

La presidenta del Congreso enfrenta hasta la fecha un pedido de renuncia al cargo, una moción de censura, una citación a la Comisión de Fiscalización, una acusación constitucional y una denuncia ante la Fiscalía por sedición.

La oposición pudo hacer un mejor trabajo impulsando reformas que el Perú necesita y el Gobierno no atiende, pero en vez de ello, ensimismada en el incremento de su cuota de poder, se ha convertido en una amenaza a la gobernabilidad.

Por: Luis Villanueva Carbajal

Secretario general de la FTCCP

 

Los que se oponen a la Asamblea Constituyente en el Congreso han aprobado, desde la Comisión de Constitución, cambios a 53 artículos de la Carta Magna; es decir un cambio del 25% de la Constitución, para controlarlo todo. 

Los trece que votaron a favor de este dictamen en la Comisión de Constitución provienen de FP, AP, AvP, APP, SP, RP; es decir, el sector que perdió las elecciones de 2021 quiere darle más poder al Congreso por encima del Poder Ejecutivo.

Los trabajadores rechazamos estos cambios a la Constitución hechos a la medida de los golpistas, al caballazo y sin consulta popular; este Congreso no ha recibido mandato constituyente, no tiene esa facultad. Un cambio de Constitución debe nacer del pueblo.

Por otro lado, recordamos que, en el referéndum de 2018, el pueblo rechazó la bicameralidad y reelección inmediata, que ahora nos quieren imponer.

La Comisión de Constitución propone que los futuros diputados puedan acusar por infracción constitucional ante el Senado a los miembros del JNE, ONPE y RENIEC, y del BCR y SBS, además del presidente de la República, ministros, TC, JNJ, Corte Suprema, Defensoría, Contraloría, AFP…; es decir, el mundo en sus manos.

Rechazamos también el blindaje que significaría subir de 2 a 3 el número de rechazos de la confianza a un gabinete para disolver el Congreso.

Ahora entendemos mejor el audio de María del Carmen Alva difundido en días recientes donde menciona que la presidenta de la Comisión de Constitución, Patricia Juárez, “iba a sacar una ley” y que “Nosotros”, es decir el Congreso, “no tenemos que desaparecer”, “nosotros vamos a sacar solo al presidente”.

No es un hecho aislado las reformas planteadas a la Constitución, sino un plan que tiene otro momento importante en febrero, en un cónclave miraflorino entre la presidenta del Congreso y miembros de FP, AP, APP, RP, etc., y que fue denunciado por la revista Hildebrandt en sus Trece como una reunión para afinar la vacancia del presidente de la República, Pedro Castillo.

La presidenta del Congreso enfrenta hasta la fecha un pedido de renuncia al cargo, una moción de censura, una citación a la Comisión de Fiscalización, una acusación constitucional y una denuncia ante la Fiscalía por sedición.

La oposición pudo hacer un mejor trabajo impulsando reformas que el Perú necesita y el Gobierno no atiende, pero en vez de ello, ensimismada en el incremento de su cuota de poder, se ha convertido en una amenaza a la gobernabilidad.

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Luis Villanueva Carbajal

Secretario general de la FTCCP

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) ha estrenado su tercera jefatura en menos de un año de gobierno del presidente Pedro Castillo Terrones. Es una cartera sensible, donde se ve con mayor transparencia los indicios de cambio social que promete este gobierno.

En anteriores gobiernos, el MTPE estuvo bajo el control de la CONFIEP, que hoy trata de recuperar su hegemonía con la ayuda de congresistas que, con mociones de censura ministeriales y dictámenes contra los intereses de los trabajadores, pretenden hacer retroceder al Perú en materia de derechos laborales.

La censura de Betssy Chávez, ex ministra de Trabajo, responde a los mismos fines proempresariales de siempre; en la moción de censura solo hay cuatro párrafos sobre la huelga de los controladores aéreos, pero once párrafos en tres páginas sobre el pase de SERVIR al MTPE, lo que dice mucho sobre los intereses que se manejan.

La moción de censura considera negativo que “El MTPE asume como propia la agenda 19, propuesta por la CGTP y otras centrales sindicales…”. Sin embargo, los congresistas que la redactaron no dijeron nada cuando la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, hizo suya la agenda de la CONFIEP queriendo implantar un paquetazo laboral a fines de 2021. La lucha de clases se hace cada vez más evidente.

Tras la censura de Betssy Chávez, la Comisión de Economía del Congreso aprobó un dictamen que derogaría el D.S. 001-2022-TR con el que el MTPE puso límites a la tercerización laboral, mecanismo usado por malos empresarios para la explotación de los trabajadores.

El presidente Castillo ha denunciado que hay varios proyectos de ley estancados en el Congreso, entre ellos uno contra los nefastos monopolios y oligopolios y otro contra los Contratos Ley que tanto daño le hacen al Perú.

Ese sector del Congreso que censura ministros, le hace el juego a la CONFIEP, se niega a la Asamblea Constituyente, gobierna en paralelo al Ejecutivo, blinda a los corruptos, intenta vacar al presidente Pedro Castillo y limita los cambios que el Perú necesita.

Por eso, en cada movilización, los trabajadores corean ¡Cierren el Congreso!, y lo seguirán haciendo este 27 y 28 de junio, en el paro agrario y jornada nacional de lucha convocada por la CGTP por los cambios que el Perú necesita.

(Tomado del diario Uno del 4 de junio de 2022 https://diariouno.pe/columna/la-lucha-de-clases-se-hace-cada-vez-mas-evidente/)

Por: Luis Villanueva Carbajal

Secretario general de la FTCCP

La reciente reunión del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC) y la designación del nuevo ministro de Interior, Dimitri Nicolás Senmache Artola, interesa a los obreros del andamio porque la inseguridad, violencia, extorsión y sicariato es recurrente en el sector construcción, con la presencia de bandas del crimen organizado nacionales y extranjeras.

Secundamos las palabras del presidente Pedro Castillo, quien señaló en esta reunión que mientras en el Perú se delinque todos los días, el CONASEC se reúne solo una vez al año, por lo cual planteó un cronograma de trabajo, con reuniones menos espaciadas y en regiones, al estilo de los gabinetes descentralizados.

Gran parte de la lucha contra la inseguridad ciudadana debe hacerse en las cárceles, desde donde operan los cabecillas de las mafias, que tienen en la calle a sus operadores, entre ellos equipos de profesionales (abogados, contadores, etc.), malos policías, malos jueces y sicarios; todo ello, según los informes que emite la misma PNP.

La violencia se acrecienta porque hay ganancia rápida e impunidad, y se instala en las capas más bajas de la sociedad: transeúntes con teléfonos celulares, comerciantes y microempresarios, entre otros, y sobre todo en los distritos más populosos y pobres.

A los obreros del andamio también nos afecta esta inseguridad ciudadana. En el caso específico de construcción civil, el Ministerio del Interior tiene que desarticular a las bandas que trabajan de la mano con seudosindicatos, usando su fachada de organización sindical para tomar obras, vender cupos de trabajo a los obreros, pedir porcentajes según el valor del presupuesto de la obra, coactar a empresarios e ingenieros para la compra de materiales o alquiler de servicios en determinados proveedores de la red de la mafia, entre otras modalidades criminales.

También deberán implementar medidas para evitar las muertes por encargo que ejecutan los sicarios contratados por estas mafias. Solo en el caso de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP), desde 2011 a la fecha, han asesinato de 20 dirigentes de sus sindicatos afiliados; pero la cifra de muertes en el sector construcción es aún mayor y sigue incrementándose cada día; la suma de agraviados se incrementa si tomamos en cuenta a quienes han cedido a la extorsión. Grande tarea que debe realizar la CONASEC y el flamante ministro del Interior.

El 17 de mayo, la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) cumplió 93 años de fundación. Desde sus inicios, sufrió los embates de las dictaduras, como la de Luis Sánchez Cerro, que ilegalizó a la Confederación en 1930 luego de arrasar con los obreros en protesta en la masacre de Malpaso, en La Oroya (Junín).

En la clandestinidad, la CGTP continuó su lucha imperecedera, y se reconstituyó en 1968, gracias al Comité de Unificación Sindical (CDUS).

Sintonizó con los cambios de la primera fase del gobierno militar, de Juan Velasco Alvarado, coincidiendo con los planteamientos de la Reforma Agraria, nacionalizaciones, comunidad industrial, entre otros, y enfrentó los embates de la derecha y otros sectores políticos cuando Velasco tocó los intereses de la oligarquía.

Tras el Paro Nacional de 1977, que resultó en nuevas elecciones y una Asamblea Constituyente, pagó un costo social enorme con el despido de 5000 dirigentes sindicales por el “felón” Francisco Morales Bermúdez.

En toda su historia, la CGTP ha dado soporte a las luchas sociales, enfrentando a los explotadores. Fue Pedro Huilca, su secretario general, quien, por protestar y rechazar las políticas neoliberales del gobierno de Fujimori y Montesinos, fue asesinado en 1992.

El sostén de los derechos laborales contra gobiernos corruptos y explotadores, aliados del gran capital, se debe a la clase trabajadora organizada que, aunque débil, nunca se dio por derrotada, a pesar de que en el Perú se aplicó el modelo neoliberal más agresivo y salvaje. La CGTP, a diferencia de otras organizaciones sindicales, jamás ha traicionado una lucha de los trabajadores.

 En el actual periodo, ha mantenido su posición de clase trabajadora, defendiendo la gobernabilidad en defensa del voto popular de 2021 y contra los arrebatos golpistas de la derecha, demandando el cumplimiento de las promesas electorales, no solo laborales, sino en beneficio de las grandes mayorías. La CGTP lucha por los cambios que la derecha no quiere.

 Este 28 de mayo, en la Asamblea Nacional de Delegados de la CGTP, será oportuno recordar que, a sus 93 años, la central mariateguista mantiene la impronta de su fundador, José Carlos Mariátegui. Como sindicalistas de clase, tenemos aspiraciones más grandes que las meramente reivindicativas, y luchamos por el cambio de la sociedad, con la vista en un futuro sin explotadores ni explotados.

 

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